Diálogo Empresarial

El verdadero costo país: La trampa de la Informalidad

“Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones, en lugar de por sus resultados.”

Milton Friedman

Como empresario formal, usted lo sabe mejor que nadie: competir en el mercado contra la informalidad no es competir contra un negocio más ágil, es competir contra una subvención estatal involuntaria.

Mientras usted calcula el impacto del aumento al salario mínimo, la provisión de utilidades (PTU) y las cuotas obrero-patronales, su competidor en la esquina opera en una realidad fiscal paralela donde esos costos simplemente no existen.

El discurso público suele abordar la informalidad como un problema de justicia social o de precariedad laboral. Es cierto y es grave, pero hay un ángulo que con frecuencia se omite en el debate: la informalidad es el principal inhibidor del crecimiento de la empresa mediana y grande.

Es, en esencia, un impuesto oculto a la legalidad. Hagamos un cálculo de servilleta: una empresa formal en México destina, en promedio, entre un 35% y 40% del salario nominal de un trabajador al pago de seguridad social, INFONAVIT, SAR, impuestos sobre nómina y riesgo de trabajo.

A eso hay que sumarle el costo administrativo de un departamento contable robusto, el pago de auditorías y el tiempo dedicado a cumplir con el aluvión de requerimientos del SAT y el IMSS. En contraste, el negocio informal no solo evade el IVA y el ISR, sino que descarga completamente el costo de la salud y la pensión de sus trabajadores sobre las finanzas públicas y sobre los bolsillos de los contribuyentes formales.

El resultado es una trampa perversa para el sector privado estructurado: cada año que pasa, el peso fiscal relativo recae con mayor fuerza sobre una base gravable cada vez más estrecha y asediada. La reacción natural de la autoridad recaudatoria ha sido apretar las tuercas a los mismos contribuyentes de siempre mediante auditorías electrónicas y buzones tributarios.

Si bien el cumplimiento es innegociable, esta estrategia de exprimir al cautivo ignora el elefante en la habitación: el 55% de la Población Económicamente Activa opera fuera del radar fiscal.

Esta asimetría distorsiona el mercado. ¿Cómo puede una empresa formal competir en precio en sectores como el comercio al por menor, la construcción o los servicios de limpieza, donde el margen lo define el costo de la nómina? La respuesta es que no puede, o lo hace sacrificando su rentabilidad y, por ende, su capacidad de reinversión y creación de empleo de calidad.

La columna vertebral de la competitividad nacional no se fortalecerá con más fiscalización punitiva sobre los que ya pagan, sino con una política fiscal que haga atractiva la entrada al redil.

Esto pasa por dos vías urgentes: una simplificación administrativa real que reduzca el tiempo y costo de cumplir, y un régimen de transición que permita a los micronegocios incorporarse a la formalidad sin ser aplastados por cuotas atrasadas.

Mientras el costo país de la legalidad sea tan alto que se convierta en una barrera de entrada y un lastre para la competitividad, el verdadero negocio redondo seguirá estando, tristemente, en la ilegalidad. Y esa factura la pagamos todos los que apostamos por las reglas claras.