Zona Sísmica

Las declaraciones de Donald Trump sobre “atacar a los cárteles por tierra” no son nuevas en el fondo, pero sí en la forma y el momento. “Hemos eliminado el 97% de las drogas que llegan por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra”, aseguró el presidente de Estados Unidos el jueves pasado en una entrevista con Fox News. Añadió además que “los cárteles están controlando México”.

Trump vuelve así a un discurso de fuerza que, aunque ambiguo en su ejecución, genera inevitable inquietud en México. No tanto por lo que dice, sino por lo que deja abierto a interpretación. Frente a ello, la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido prudente y estratégica: diálogo antes que confrontación.

Pedir al canciller Juan Ramón de la Fuente establecer contacto directo con el secretario de Estado, Marco Rubio, busca enviar un mensaje claro: México no aceptará acciones unilaterales, pero tampoco cerrará la puerta a la cooperación en materia de seguridad. El problema es que el discurso de Trump suele ignorar matices.

Afirmar que “los cárteles controlan México” no sólo simplifica una realidad compleja, sino que desestima los esfuerzos y resultados de las autoridades mexicanas, particularmente de la Secretaría de Marina, que ha logrado incautaciones históricas de droga en altamar. Se trata de una narrativa funcional para el consumo interno en Estados Unidos, especialmente en un contexto electoral, pero riesgosa en términos diplomáticos.

Sheinbaum ha insistido en un marco que no es nuevo: cooperación sí, subordinación no. El acuerdo para que la Marina vigile las aguas nacionales, en coordinación con la Guardia Costera y el Comando Norte, demuestra que la colaboración puede existir sin violentar la soberanía. Pensar en “otros escenarios”, como despliegues militares extranjeros, sería no sólo indeseable, sino una ruptura con décadas de entendimiento bilateral.

La clave estará en mantener la comunicación abierta y evitar que el discurso político se traduzca en decisiones apresuradas. México y Estados Unidos comparten un problema, pero también una frontera, una economía y responsabilidades mutuas. Convertir la seguridad en un espectáculo retórico puede rendir aplausos momentáneos, pero pone en riesgo una relación que exige cabeza fría, no declaraciones incendiarias.

SEGURIDAD Y TELEFONÍA CELULA

R El registro forzoso de telefonía celular, que arrancó este viernes, sigue envuelto en la controversia. Aunque el Gobierno lo defiende como una herramienta para combatir la delincuencia, entre la población prevalecen el desconocimiento y la desconfianza.

Desde la administración federal se argumenta que el padrón ayudará a frenar la extorsión, el fraude y el secuestro, al dificultar el uso de “teléfonos desechables” y permitir la identificación de responsables de delitos, además de alinearse —aseguran— con prácticas internacionales. Sin embargo, usuarios, especialistas y organizaciones civiles advierten sobre los riesgos.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales ha señalado que los datos personales podrían quedar expuestos a filtraciones, y recuerda que este no es un debate nuevo: intentos similares en 2009 y 2021 fueron declarados inconstitucionales y no lograron reducir la delincuencia. La preocupación ciudadana es comprensible.

En un teléfono celular hoy convergen cuentas bancarias, trámites gubernamentales, datos de geolocalización y asuntos personales, información sensible que muchos temen quede vulnerable ante posibles hackeos, un fenómeno cada vez más frecuente a nivel nacional e internacional.