Zona Sísmica

Quieren ser partido

Son sólo tres las organizaciones con posibilidades de convertirse en partidos nacionales entre las 23 agrupaciones que aspiran entrar en la cancha política para las elecciones de 2027.

Los que han avanzado en su proceso ante el INE son México Tiene Vida, con 203 mil 967 afiliados, tiene registro como partido local en Nuevo León y como representantes legales a Eduardo Zamarripa y Jorge Garza; Construyendo Solidaridad y Paz (CSP), con 183 mil 597 integrantes, que se le asocia a grupos religiosos que antes formaron los partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario y que ha llamado la atención porque maneja siglas similares a la de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y también está Somos México, con 135 mil 947 afiliaciones, que tiene como vocero al ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo, ex priistas, ex integrantes de la Marea Rosa y académicos periodistas y activistas como Federico Reyes Heroles, José Antonio Crespo y Patricia Aguayo.

La carrera para formar un partido político es larga, iniciaron en enero pasado 89 agrupaciones y sólo esas tres siguen en el camino y con el reto de comprobar 200 asambleas distritales y 256 mil 030 personas afiliadas en enero para completar sus trámites ante el INE en febrero y sería hasta finales mayo o inicios de junio cuando se resolvería si lograron obtener su registro. Tendrá que ser un proceso transparente del Instituto Nacional Electoral, presidido por la consejera Guadalupe Taddei, con criterios claros y datos en los que no haya espacio para la discrecionalidad.

OMISIONES Y TRAGEDIA

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó en plenas fiestas decembrinas sobre la detención de siete personas relacionadas con el incendio ocurrido el 1 de noviembre en la tienda Waldo’s de Hermosillo, una tragedia que dejó 24 personas muertas y decenas de familias marcadas para siempre.

El anuncio no solo confirmó avances procesales, sino que evidenció que el siniestro fue consecuencia de una larga cadena de omisiones que hoy comienzan a documentarse judicialmente.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los detenidos hay funcionarios estatales y municipales, así como personal técnico y trabajadores vinculados a la operación y supervisión del inmueble.

Entre los nombres señalados en la causa penal se encuentra José Martín Minero Balvanera, identificado como principal responsable por delitos culposos con resultado de homicidio y daños por incendio, además de Alberto José Galante, José Luis Alcalá Bernal, Martín Eduardo Dessens Bringas, Lissette López Godínez y Viviana Mirazo Granillo, entre otros, quienes habrían incumplido obligaciones legales de inspección, autorización o control operativo.

El fondo del caso no es solo la responsabilidad individual, sino el reconocimiento de que la omisión puede ser tan letal como una acción directa. La investigación judicial desagrega funciones y deberes, y establece que la falta de supervisión efectiva, la tolerancia a deficiencias estructurales y la ausencia de protocolos de emergencia contribuyeron a impedir una evacuación segura.

Que la Fiscalía de Sonora haya informado públicamente sobre las detenciones y continúe el proceso contra personas físicas y la persona moral es una señal relevante en un país donde las tragedias colectivas suelen diluirse en el tiempo. No obstante, el reto apenas comienza: existen 18 órdenes de aprehensión pendientes y una imputación empresarial que aún deberá resolverse ante un juez.

Para los familiares de las víctimas, el proceso judicial es una exigencia mínima de justicia. Para la sociedad, el caso Waldo’s debería convertirse en una advertencia contundente: cuando las autoridades no inspeccionan y las empresas no prevén, la omisión deja de ser administrativa y se transforma en una sentencia de muerte.