Siguen las evidencias

Por el derecho a la libertad de expresión

Aunque a veces parece que las acusaciones en contra de la Gobernadora María del Pilar Ávila Olmedo, y de su aún esposo Carlos Torres Torres, se han evaporado, surgen de nuevo con más bríos. Este es el caso que se presenta en las redes sociales, cuando junto con varios ciudadanos bajacalifornianos, se informa que han sido citados por la Fiscalía General de la República para continuar con las indagaciones. De las conexiones internacionales que se argumenta que tiene, surgen datos que deben ser corroborados. En este mismo caso, se habla del presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, y otros políticos y empresarios del estado, sospechosos de lavado de dinero y de conexiones con el crimen organizado, que, aunque hasta la fecha no han sido llevados hasta una investigación formal, han sembrado la sospecha de que sí sea cierta, máxime cuando el principal acusador parece ser el Departamento de Estado de los Estados Unidos. A algunos de ellos se les ha retirado la visa para visitar este país, y otros no han intentado cruzar por temor a ser aprehendidos y encarcelados. La duda que los ciudadanos tenemos afincada, se incrementa, cuando no se inician investigaciones y aparece el fantasma de la impunidad.

Los acusados no han adoptado la actitud del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quién de manera decidida ha declarado en los medios y en las redes sociales, que no tiene temor de ser aprehendido y se manifiesta decidido a enfrentar un proceso judicial, cuando las autoridades pertinentes se lo requieran. El asunto que envuelve a Ruffo es el relacionado con el barco tanque conteniendo combustible robado, o introducido al país sin pagar los impuestos legales. En ese caso que no se ha investigado totalmente, resulta obvio que los gasolineros, o expendedores de gasolina de Baja California, han estado adquiriendo y vendiendo huachicol desde hace ya mucho tiempo. Muchas personas hemos visto por casualidad, cómo en las calles se estacionan pick ups con recipientes con combustible, que venden abiertamente sin ser molestados. Por lo cual se abren posibilidades que sea mucha gente la que esté involucrada en este ilícito. Además, la captura de estos expendedores delincuentes de huachicol, a quienes es difícil ubicarlos, porque no tienen un lugar fijo donde localizarlos, y andan itinerantes por las ciudades y la zona rural, están muy probablemente siendo protegidos, por funcionarios corruptos.

En estos dos casos de delincuencia organizada, la posibilidad de que los funcionarios electos y las fuerzas encargadas de la seguridad pública estén involucradas, es muy alta. Esto nos lleva a que las investigaciones se desaceleren y caigan en un tortuguismo infame, que mantiene estos asuntos en espera infinita. A los ciudadanos solo nos queda esperar a ver que nos informan, de manera oficial o por las redes sociales. Mientras estamos a la espera de la información que nos pueda caer, los sospechosos se atrincheran esperando salir bien librados.

No obstante, los tiempos se cumplen y quienes han estado siendo señalados no han podido liberarse de los cargos que se les han obsequiado. Los bajacalifornianos los miramos con desconfianza, esperando que logren aportar pruebas de su inocencia. Pero en lugar de eso, ellos proporcionan datos y buscan la manera de que, con ellos, puedan obtener el permiso de que desbloqueen sus cuentas bancarias intervenidas. Al menos Aracely Brown, diputada federal por Morena, es lo que ha estado haciendo de manera desesperada. En contrapartida, no ha aportado pruebas que modifique la percepción que en USA tienen de ella. La misma Gobernadora no se ha preocupado por comprobar que las acusaciones que pesan sobre ella no son ciertas. En ese mismo sentido, Claudia Sheinbaum, al respaldar la conducta de María del Pilar, deja un espacio muy reducido para que se realicen las investigaciones correspondientes. Vale

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.