Un país con ley de 1947 para enfrentar al lavado de 2025

La intervención de trece casinos el 7 de noviembre de 2025 fue una de las acciones más duras contra el lavado de dinero en la historia reciente. La UIF y Hacienda detectaron movimientos irregulares por miles de millones, simulación de apuestas, identidades falsas y transferencias hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. El crimen organizado usó esos establecimientos -físicos y digitales- para lavar dinero con una eficacia que el Estado toleró durante años, aún con alarmas que llevaban tiempo encendidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que la regulación de casinos es una reliquia incapaz de enfrentar un mercado digital en expansión. La Ley Federal de Juegos y Sorteos data de 1947 y fue escrita para un país que ni imaginaba Internet o apuestas en línea. Hoy permite operar sin controles, sin reportes en tiempo real y sin verificar quién está detrás de cada apuesta. Ese vacío legal es una invitación al lavado.

La reforma que el Gobierno promueve incluye verificación biométrica, reportes automáticos, suspensión de actividades irregulares y un IEPS más alto para reducir el margen de maniobra de los operadores ilegales. El objetivo es quitarle a la delincuencia un sector donde domina sin competencia y que durante años funcionó con mínima supervisión.

La magnitud del mercado clandestino explica la urgencia. Hasta 60% de las apuestas digitales en México ocurre fuera de la ley. Sólo ahí se lavan cerca de 25 mil millones de pesos cada año. En el mundo, el lavado vía casinos es de 140 mil millones. Es un negocio ideal para los criminales: Volumen, anonimato y criptomonedas que dificultan el rastreo con una velocidad que supera a los reguladores.

México, al fin, empezó a usar inteligencia artificial. La UIF utiliza modelos que revisan millones de transacciones, identifican identidades simuladas y bloquean recursos antes de que regresen como dinero limpio. Reino Unido y EE.UU usan IA desde hace años. México por fin llega, tarde pero mejor equipado.

El problema estructural está en la Dirección General de Juegos y Sorteos, históricamente ocupada por personas sin conocimiento y nombradas por conexiones políticas. Esa mezcla explica por qué los vacíos legales sobrevivieron sexenios y por qué los operadores ilegales crecieron sin freno en un sector que requiere especialización técnica, no favores.

Aun así, hay una excelente oportunidad. Actualizar la ley, usar IA, coordinarse con otros países y profesionalizar la vigilancia puede reducir un delito que afecta economía, recaudación y seguridad. Erradicar el lavado es imposible, pero sí puede volverse más caro y riesgoso para quienes se aprovechan de un Gobierno que durante demasiado tiempo miró hacia otro lado.

La intervención de esos trece casinos y las advertencias de la Presidenta marcan un ajuste necesario. Ahora viene lo difícil: Sostener la voluntad política, frenar a quienes intentarán desarmar la reforma y evitar que el Estado vuelva a entregar el sector a quienes lo han convertido en un paraíso criminal. Tras un golpe así surge la pregunta incómoda: Si en sólo trece casinos encontraron todo esto, ¿cuántos más siguen lavando dinero en un mercado lleno de opacidad y apuestas simuladas?

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