Zona Sísmica

Caso Colosio

La versión de un segundo tirador en el caso del asesinado de Luis Donaldo Colosio Murrieta recobró fuerza este sábado en Tijuana luego que se diera a conocer la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el presunto responsable del segundo disparo.

Sánchez Ortega fue detenido en Lomas Taurinas la tarde del 23 de marzo de 1994, poco después de ocurrido el homicidio del entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República por llevar, presuntamente, la chamarra salpicada de sangre y haber dado positivo a la prueba de rodizonato, sin embargo, la PGR lo liberó al día siguiente.

Habrá que ver si en esta ocasión se llega a una conclusión en el caso de su detención, que vendría a echar por tierra la versión de que Mario Aburto Martínez fue el asesino solitario.

EL PUENTE QUE NO FUE

La historia del segundo puente en el distribuidor vial de Lázaro Cárdenas y Carranza se ha convertido en otro ejemplo de cómo los proyectos más visibles terminan archivados. Sidurt confirmó que la obra no se realizará en 2026, y que los 230 millones de pesos previstos se destinarán a otras vialidades de Mexicali.

El recurso se aplicará en la zona Sur de la ciudad, donde se ampliará la carretera a la colonia Ahumadita, se continuará con la calle 11 y se harán mejoras en la avenida Gómez Morín. Son proyectos necesarios, sí, pero la cancelación temporal del puente vuelve a dejar en pausa una de las soluciones más esperadas para el tráfico que colapsa cada día el cruce de las mencionadas avenidas.

El puente era la tercera etapa de un plan integral con un costo estimado entre 300 y 350 millones de pesos. Su finalidad era agilizar el paso oriente-poniente y liberar el flujo norte-sur, pero la falta de recursos y los ajustes de planeación estatal lo han dejado en el limbo.

La reunión que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda sostendrá con la SICT podría definir nuevos acuerdos, y por cierto, ya adelantó que se viene el programa más grande de bacheo en la historia de Mexicali.

JUECES PROVISIONALES

El Poder Judicial de Baja California consiguió una ampliación presupuestal de poco más de 11.4 millones de pesos para contratar once jueces “provisionales”.

El argumento es entendible: hay juzgados nuevos y una carga de trabajo que rebasa la capacidad actual. Pero el fondo del asunto va más allá del dinero, pues la reforma que aseguraba democratizar la justicia con elecciones populares, ahora recurre a designaciones directas que huelen a contradicción.

La medida, solicitada por el presidente del PJBC, Alejandro Isaac Fragozo López, y aprobada por el Congreso del Estado, busca reforzar la operación de los tribunales penales, civiles y laborales, con plazas temporales, pues las nuevas elecciones judiciales están previstas nada menos que para el año 2033. En otras palabras, se autoriza la contratación de jueces que ejercerán sin haber sido elegidos, en un sistema que, en teoría, debía poner fin a esas prácticas.

El Poder Judicial sostiene que la medida está amparada por la ley, y es cierto: el decreto de la reforma les permite hacer designaciones temporales en tanto se celebra el siguiente proceso electoral. Pero también lo es que esa facultad abre una puerta que bien podría usarse para revivir viejos esquemas de control judicial. Si los jueces “provisionales” actuarán durante años, ¿qué tan “temporal” es en realidad su nombramiento?