Zona Sísmica

Se disparan expulsiones de EE.UU.

En los últimos meses se dispararon las deportaciones de mexicanos a Baja California, de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), al pasar de mil 123 personas expulsadas de Estados Unidos a Baja California en agosto, a 2 mil 80 en septiembre, lo que representa un incremento del 80% en los últimos dos meses reportados. De enero a septiembre suman en total 14 mil 594 mujeres y hombres recibidos en Baja California, siendo enero y septiembre los meses que más repatriaciones reportaron. El tema es relevante ya que hay que ver si las autoridades están preparadas para una eventual oleada de deportaciones, pues prácticamente se desmanteló la infraestructura que se había habilitado al inicio del año a causa de las amenazas, no cumplidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de deportar a millones de mexicanos.

LA ALARMA QUE TARDÓ EN SONAR

El trágico incendio en una tienda Waldo’s de Hermosillo ha desnudado una falla sistémica: las revisiones de seguridad y protección civil que deberían ser rutinarias, se activan solo cuando ya ha ocurrido la tragedia. El incidente se habría originado por la explosión de un transformador eléctrico al interior del establecimiento, mismo que operaba sin un programa de protección civil vigente desde 2021. En Sonora, la clausura de sucursales de Waldo’s no se hizo esperar. En Baja California, en cambio, los cierres apenas comienzan, y las inspecciones recién arrancan con urgencia tras la tragedia. El cuestionamiento es ¿por qué no antes? Si la normativa existe, ¿por qué esperar a que la tragedia ocurra para actuar? Este retraso deja dudas sobre la prioridad real que se ha dado al riesgo de la población.

‘Y SIGUE LA MATA...’

Vaya suspicacias que ha empezado a generar la Sindicatura de Rosarito a cargo de Ricardo Bejarano, quien llegó a esa posición abanderado por el PES y que empieza a distinguirse por poner no piedras sino rocas en la policía municipal, que se mantiene desde hace 7 meses con la mitad de su fuerza, tras la aplicación de los exámenes de control y confianza que redujo a esta corporación.

Resulta que de manera poco clara ha mantenido a una treintena de policías con una protección que cae en el sospechosismo, pues sin ton ni son, ni tardo ni perezoso pues, por ser más claros, los eligió en un listado de más de 90 elementos para ponerlos en semáforo verde, sí con una semaforización que se sacó de la manga para elegir quién de todos ellos podía irse por la libre.

El caso tomó una relevancia mayor el pasado viernes, cuando la regidora y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Stephanie Esquivel, se percató de forma casual que la sindicatura había enviado 23 de los expedientes en disputa directamente al C3, sin pasar por la Comisión de Honor y Justicia, como marca el manual.

El caso que ya había escalado en el Congreso del Estado, a través del legislador Jorge Ramos, quien preside la Comisión de Seguridad Pública, y quien hizo un exhorto para que se arreglaran “las cosas” sin tener datos de lo que ocurría con la policía de Rosarito.

Pero sin duda la situación escaló aún más, ya que la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila, recomendó al ser entrevistada sobre este tema, que se ponga una denuncia ante la fiscalía para que se castigue a quien resulte responsable, por el embrollo de los policías.

Lo malo de todo esto, es el daño que se ha ocasionado a la seguridad de los rosaritenses, pues si bien las cifras difundidas por el gobierno dan cuenta de una disminución en la comisión de delitos, lo real es que el miedo ronda por los rincones y ante eso no hay rebatinga.