¿Ventas artesanales prohibidas en el Parque Hidalgo?

Por el derecho a la libertad de expresión

Durante varios años, no se exáctamente cuántos, se han instalado los vendedores ambulantes en la parte oeste del Parque Miguel Hidalgo y Costilla, en pleno centro de nuestra ciudad, para vender diversos artículos. Dentro de ellos participa un grupo de pueblos originarios -indígenas de las diferentes etnias nacionales- quienes venden artesanías diversas. De la misma manera y con cierta regularidad, se instalan otros comerciantes, por ejemplo, cuando hay desfiles cívicos, fiestas religiosas, festejos tradicionales como La Romería de Verano, el Día de los Muertos y cualesquiera otros eventos sobresalientes. También concurren las personas dedicadas al trabajo informal.

Muchos de ellos tienen esta actividad como complementaria, pues sus ingresos son escasos, aunque otros lo hacen como resultado de otras motivaciones. Lo central es que siempre hay ventas al menudeo en este sitio.

Sin embargo, desde el año pasado, ha habido diversos momentos en los cuales los artesanos indígenas, han sido reprimidos y evacuados del parque, provocando enfrentamientos verbales y físicos. La semana pasada, cuando iniciaban sus actividades comerciales, hicieron acto de presencia integrantes del Departamento de Reglamentos, para avisarles por medio de un oficio, que debían levantar sus puestos y abandonar el lugar. Los comerciantes indígenas protestaron y, como las cosas subieron de tono, llegó la policía municipal y, como la mayoría de las veces lo hacen, arremetieron contra los vendedores de manera violenta. Dándose el caso de que, sin seguir el protocolo para el sometimiento de una mujer, varios policías masculinos de manera violenta inmovilizaron a una vendedora indígena, lastimándole una mano y el antebrazo.

La cuestión que aquí surge es, quién dio la orden para que se presentaran elementos de seguridad pública, que llegaran en un número muy significativo e, inmediatamente, procedieran a los arrestos. Las acciones de los policías dejan abierta la posibilidad de que hubiesen órdenes hechas con anterioridad, dada la rapidez con la cual actuaron. Por consiguiente, solo dos personas pudieron haber sido los responsables de haber ordenado la presencia de los policías represores: el Presidente Municipal o el Director de Reglamentos. Determinar quién emitió la orden es importante saberlo, para deslindar responsabilidades y actuar conforme a derecho.

La realidad es que los artesanos tienen el derecho a vender sus mercancías, porque la constitución se los otorga, sin embargo, también están obligados a respetar los reglamentos municipales. En ese mismo sentido, el Gobierno Municipal debe ser respetuoso y aplicar la ley de manera pareja. Si decide impedir el comercio a los artesanos indígenas, así debe hacerlo con todo el que quiera vender. De otra manera, estaría siendo parcial y, por consiguiente, discriminaría a la parte más vulnerable de nuestra sociedad, que han sido y serán los indígenas, dejando los privilegios del comercio en el Parque Hidalgo, a los restaurantes situados en la parte sur, que hasta tienen permiso de colocar sillas y sombrillas. Deberían también desalojar a los conjuntos musicales que trabajan allí, porque al final de cuentas, también venden sus servicios a los clientes ocasionales. Este rasero equitativo para todos los comerciantes, sin importar cuáles son los artículos que venden, perjudicaría el comercio cultural, pues por estos días del otoño, se instala la venta de libros usados que es muy bien recibida por todos los tecatenses.

El Departamento de Reglamentos y el propio Alcalde, están obligados a revisar con calma, evaluando todas las aristas de este problema, de manera que no se perjudique a nadie y se actúe con justicia y equidad. Las soluciones tomadas sobre las rodillas suelen ser débiles, y no dicen nada. De la misma manera, extrapolar las actuaciones de los actores de este conflicto, los perjudica a ambos, pero también, a la ciudadanía en general. Si utilizan el autocontrol y la autocrítica, podrían llegar a un buen acuerdo. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.