Negocio Covid19 en BC

Por la urgencia que significó atender los efectos que tuvo la pandemia de la COVID-19 en México, políticos y empresas hicieron negocio a costa del erario. En algunos quedó registro por observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en otros se llegó hasta la Fiscalía; sin embargo, la mayoría de los negocios con dinero público quedaron impunes, pues la sociedad estaba enfocada en mantenerse con vida, por encima de cualquier otra cosa. Ahí fue donde las adjudicaciones directas estuvieron al orden del día.

Fue gracias a la actividad periodística que se develó una serie de actos de corrupción en varias entidades del país, incluyendo Baja California, y también en el Gobierno Federal.

Por ejemplo, la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad realizó una investigación periodística en la que se evidenció que la SEDENA adquirió ventiladores para atender a enfermos con Covid a la empresa Gestión de Riesgos de Desastres S.A. de C.V, que es investigada por presunto lavado de dinero, la cual cobró cada equipo de origen “chino” a más del doble del valor declarado ante la Administración General de Aduanas al momento de la importación.

Además, “la compañía incumplió los plazos de entrega y fue penalizada con más de 3 millones de dólares. Las auditorías efectuadas sobre el contrato, que fue adjudicado de manera directa sin concurso, llevaron a que las autoridades indagaran sobre las transferencias de la empresa”, advierte el reportaje.

También la empresa Multicorporación Brexot lo hizo con el ISSSTE e IMSS por un precio unitario de más de 100 mil dólares, más de cinco veces su valor de aduanas.

En Baja California, el pasado miércoles 8 de octubre, por adjudicación directa de medicamentos y equipo médico, un juez local vinculó a proceso a dos exfuncionarios administrativos de la Secretaría de Salud del Estado por contratos con una empresa por el orden de los 14 millones de pesos.

Se trata de Mikel Roberto A. H. y de Miguel Ángel M. C. director de Administración y Jefe de Recursos Materiales de ISESALUD, respectivamente, durante la gestión del secretario Alonso Pérez Rico en el gobierno morenista de Jaime Bonilla, y

Por decisión judicial, ambos enfrentan su proceso en libertad, según la causa penal 2841/2025. Se les acusa de contravenir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por el presunto manejo tranza de recursos públicos pertenecientes al Fondo de Aportaciones a Servicios de Salud que la Federación otorga anualmente al Gobierno de Baja California.

En la carpeta de investigación se les señaló al otorgar tres contratos a una empresa, entre febrero y marzo de 2021, por un total de 13 millones 718 mil de pesos durante la pandemia con base a excepciones administrativas por el Covid 19 contenidas en el Decreto Presidencial del 27 de marzo de 2020 y un Acuerdo de la Secretaría de Salud de abril de ese año.

Con el RFC: POC171129NV7 y ubicada en la colonia Chapalita de Guadalajara, Plenum de Occidente es una empresa de comercio al mayoreo que vende productos y presta servicios de mobiliario, instrumentos y equipo médico y de laboratorio.

Esta misma empresa recibió el contrato 564/2021 de proveeduría del gobierno de Marina del Pilar, también por adjudicación directa, de gel antibacterial, cubrebocas y caretas, en noviembre de 2021.

En los pasillos de Isesalud y ex empleados de la Secretaría trascendieron en su momentosobre las compras millonarias de cubrebocas, gel antibacterial y guantes durante la pandemia en la gestión de Bonilla, cuyos insumos jamás llegaron a las clínicas y hospitales, ya que los revendian a empresas y comerciantes locales, al grado que hacían hasta subastas afuera de los almacenes para venderlos con recursos públicos.

Lo que no se ha investigado es quien o quienes participaban directamente en este tipo de transacciones ilegales con insumos obtenidos con recursos públicos, varias personas hicieron ricas y quizá millonarias.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: El Teniente Coronel Medina sigue mandando en la FESC. Todo fue una ilusión óptica de Laureano, los militares y los ahora policías de carrera que les aplicaron un “Juanito”.

*- El autor es periodista de Baja California.