Corrupción en Sistema Penitenciario

La corrupción no solamente se vive al interior de los centros penitenciarios de Baja California, también en sus entrañas administrativas y operativas.

Las fallas en la infraestructura en las cárceles de Mexicali, Tijuana y Ensenada no es el único problema que enfrenta el Sistema Penitenciario del Estado, que en 2020 sufrió un cambio administrativo y jurídico para adquirir independencia de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría Seguridad, luego de que Jaime Bonilla vio en las cárceles un negocio redituable, por lo que creó la Ley de la Comisión del Sistema Penitenciario (CESISPE) para dotarle de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión.

En cinco años, la CESISPE ha tenido cuatro comisionados: Salvador Morales Riubi, Jesús Núñez Camacho, María Elena Andrade Ramírez y José Gabriel Gálvez Beltrán. Ningun titular tiene el mismo perfil, el conocimiento requerido para administrar cárceles y mucho menos contaban con un plan de trabajo similar.

Trabajadores administrativos de base señalan que nunca antes habían tenido tantos problemas, ni cuando estaba Jesús Núñez en la administración bonillista, especialmente con la ex diputada panista, Mónica Hernández “La Chula”, en donde se ejercía el hostigamiento laboral como parte de la dinámica diaria en la Subdirección de Normatividad.

El vacío de autoridad del Comisionado José Gabriel Gálvez es notorio en la operatividad de los penales, pero es todavía más evidente en dos áreas medulares de la CESISPE: en la Subdirección General de Centros Penitenciarios y en la Subdirección General Normativa.

En ambas áreas administrativas y operativas se formó un clan de amigos y familia en donde impera el tráfico de influencias, el hostigamiento laboral, la discriminación, el nepotismo y un grupo de aviadores en cargos de primer nivel.

Este coto de poder ya había sido evidenciado hace meses por trabajadores de confianza luego de los “castigos” con cambios injustificados y horarios extenuantes, además de los insultos de los jefes al personal y el uso de los recursos materiales para fines personales. Situación que todavía prevalece.

Se trata de Marcos Alvarado Silva Preciado, Subdirector General de Normativa, quien colocó a su novia en una Jefatura de Departamento y ella a su vez contrató a su hijo como mensajero y a un amigo de su vástago.

En la Subdirección de Centros Penitenciarios está Luis Alberto Machado, quien fue el encargado de la Oficina del Fiscal Ricardo Ivan Carpio, y que en junio del 2022 fue el jefe de Octavio Andree Espino Torres, un joven detenido en la garita de San Ysidro con 29 kilogramos de Metanfetamina.

Machado colocó al que era su chofer y particular en la Fiscalía, José Fernando Rivera como Director de Reinserción Social. Además, puso a Edgar Mendoza Razo, como Director de Centros Penitenciarios, quien a su vez mantiene una relación sentimental con la Directora de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales.

Más allá del enredo de tráfico de influencias, lo cuestionable es que hay al menos cuatro directores que viven en Tijuana y solamente acuden una vez al mes a Mexicali sin que necesariamente se presenten a la oficina.

Eso sí, cuentan convehículos de la CESISPE y es un problema para localizarlxs en la oficina de Tijuana. Consultando con trabajadores sindicalizados señalan que nunca los jefes de estas áreas habían sido aviadores, mínimo vivían de lunes a jueves en la capital y hacían presencia en la oficina.

Curiosamente esta denuncia no viene de los “Cecispeños”, como ofensivamente les dice Silva Preciado a lxs empleadxs que considera “huevones” por no trabajar al ritmo de su hostigamiento laboral. Hay una fractura en el clan de poder de la CESISPE, una especie de limpieza de conciencia por las arbitrariedades y abusos que se viven en el área administrativa de la Comisión del Sistema Penitenciario, en donde una parte de los profesionistas que sacan la chamba ganan poco más del salario mínimo.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Al Carpio Team liderado por Gálvez le están metiendo gol en la CESISPE o de plano actúan solos abusando de su “autonomía” o burlando las órdenes de la Gobernadora, porque en el Sistema Penitenciario hay más tela de donde cortar.