Zona Sísmica

Ríos de tinta han corrido tras el escándalo de la diputada federal Hilda Araceli Brown, por sus presuntos nexos con el crimen organizado, la “mayiza” pues, y con ello también está quedando al descubierto el soterrado trabajo de la Sindicatura de Rosarito, pues a un año de la actual administración, sigue en mutis prolongado y no parece que vaya a cambiar.

Lo que sí es que le ha dado buen pretexto a la alcaldesa Rocío Adame, quien ya amenazó con que exigirá en el pleno del Cabildo que el síndico

Ricardo Bejarano, rinda cuentas y que de una vez por todas, revele si los contratos concedidos al empresario transportista Candelario Arceaga, pasan las de rigor.

Y es que Arceaga Aguirre, aparece en el listado difundido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y lo liga directamente con la ex alcaldesa de Rosarito Brown Figueredo, quien le entregó algunos contratos como el de la adquisición de unidades para la Secretaría de Seguridad Pública, que llegó casi a los 12 millones de pesos, los cuales se entregaron sin reparo al citado empresario directamente.

Caso aparte es el de la aplicación SOS_RR que fue creada para suplir un servicio que ya brinda el C5, es decir, atender las emergencias relacionadas con la Policía Municipal, Bomberos y Cruz Roja, lo que costó una millonada.

Lo malo de esto es que hasta el momento nadie sabe, nadie supo, dónde quedó la base de datos de más de 10 mil personas que bajaron la dichosa aplicación, creada por la empresa Tech Taxi México, también de los Arceaga.

La cosa está que arde, pues no es ningún secreto que Rocío Adame y el Síndico se “toleran” lo mínimo de lo mínimo de lo indispensable, así que no se sabe si logrará que Bejarano Núñez, suelte la sopa o se siga en ascuas pese al escándalo

Brown que ha levantado la piedra de donde salieron las arañas y están esparciéndose por tooodos lados.

NUEVA ALARMA

En San Lázaro, hay otra reforma que ha encendido las alarmas del sector privado y se refiere a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coincidencia de agentes aduanales, cámaras empresariales e importadores es que la iniciativa, más que modernizar, amenaza con paralizar el comercio y eso afecta a todos, desde todos los involucrados en materia aduanal hasta los consumidores finales. Lo que Ignacio Zaragoza, de la Confederación de Asociaciones y Agentes Aduanales de la República Mexicana, les dijo a los diputados de la Comisión de Hacienda, es que el proyecto pretende convertir a los agentes aduanales en “policías del comercio exterior”, responsables de delitos que hoy dependen también de autoridades aduaneras. Su ejemplo fue contundente, una bolsa con polvo blanco que podría ser azúcar o una sustancia prohibida y los cuestionó: “¿De verdad le toca al agente decidirlo?”.

Otra voz es la de Arturo Pérez Behr, quien recordó que el “huachicol fiscal” no habría prosperado sin la complicidad de funcionarios públicos, ausentes en esta reforma. Hay molestia pues consideran que la propuesta, además, afecta principios jurídicos básicos, pues permitiría suspender agentes sólo con una investigación abierta, vulnerando la presunción de inocencia. También Eduardo Díaz Gavito, de la Cámara de Comercio Internacional, señaló que inmovilizar recursos por un año y elevar multas hasta 300% no inhibirá al contrabando, pero sí encarecerá los negocios legales. Ahora a quienes se pronunciaron contra esta reforma sólo les queda confiar en lo dicho por Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, quien prometió escuchar a los inconformes.