Poder ciudadano

Otra vez las y los ciudadanos están por encima de sus gobiernos y representantes populares. Sin presupuestos millonarios, prebendas políticas, comodidades ni privilegios, mucho menos sin tener equipos técnicos que les facilitan su trabajo, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de desaparecidos y ciudadanos de a pie han exhibido y contrarrestado las omisiones gubernamentales para atender los problemas sociales torales y escuchar las demandas populares.

La comunidad organizada también han puesto en la agenda la falta de herramientas de participación ciudadana que sean efectivas en Baja California, lo han hecho mediante acciones sociales, ambientales y culturales, aunado a las medidas jurídicas que han optado como los amparos.

Mientras que grupos políticos fueron frenados en el Instituto Estatal Electoral para la realización de un plebiscito contra una obra concesionada en el Corredor 2000, protestas ciudadanas demandan consulta popular para la revocación de mandato de la gobernadora, nuestros representantes populares permanecen inertes, ni se inmutan ante la exigencia ciudadana de participar en el debate público y que sus propuestas se vean concretadas en reglamentos, leyes y programas de gobierno.

Nuestros diputadxs nos han vendido la idea del Parlamento Abierto porque hacen foros con canapés y ambigús, en donde simplemente terminan en reuniones tipos “focus group” o un grupo de discusión con catarsis.

El Cabildo abierto por su parte ha sido una promesa incumplida de múltiples campañas electorales e incluso ya se busco hacer una normatividad para incluirla en Mexicali y otros Ayuntamientos, pero realmente le teme el Cabildo a realizar sesiones públicas, en donde los ciudadanos pueden participar activamente con críticas, posicionamientos e ideas sobre asuntos de interés para la comunidad.

Y así nos podemos ir con yerros y omisiones de los políticos en el poder para mantener a la comunidad lo más alejada de las tomas de decisiones. Por ello, las y los ciudadanos han tenido que promover amparos para arrebatar sus derechos y garantizar que las y los políticos trabajen.

Prueba de ello es que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de Baja California cumpliera con el proceso legislativo de discutir y aprobar la iniciativa de revocación de mandato para el titular del Ejecutivo vía voto popular.

Las y los ministros acreditaron la “omisión absoluta” del Congreso Bonillista y Marinista en legislar la revocación de mandato que aprobaron este jueves en sesión ordinaria. Fueron 4 años de inacción. Jesús Conrado Medina tuvo que presentar amparos e iniciar un largo litigio en tribunales para que nuestros diputados se pusieran a chambear.

Lo mismo sucedió con las infancias Trans y con la tipificación del delito de homicidio culposo por ataque animal. Tuvieron que venir ciudadanos y ciudadanas a juntar firmas para presentar las dos únicas iniciativas ciudadanas que se lograron concretar en la historia de Baja California.

Una impulsada por la Comunidad LGBTTIQ+ y la otra por Ana Lidia Soto, hija de Amparito Romero, una enfermera jubilada muerta por mordeduras de perros de dueños irresponsables en Villas del Rey.

En ambas iniciativas, ciudadanos tuvieron que apersonarse en el Congreso, casi pelearse con los legisladores, protestar y sacudir al sistema para que se legislara.

De los gobiernos del PRIAN entendía su visión de gobierno sin ejercicios de participación ciudadana, el problema que MORENA obradorista y el de Sheinbaum, asi como la izquierda mexicana, se han caracterizado por las consultas públicas, la democracia participativa y escuchar al pueblo.

Nuestros representantes populares continúan haciendo asambleas en colonias populares para hablar de los gobiernos de derecha, no se han dado cuenta que ya llevan 6 años gobernando en BC y 7 en el país.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA: Acá en esta BC guinda les queda muy bien el disfrazas de demócratas y les queda muy corto el traje de morenistas.

*- El autor es periodista de Baja California.