Los ‘Vallarta’ de BC

El caso Cassez - Vallarta vuelve a evidenciar la cloaca que es nuestro Sistema de Justicia Penal, antes y después del Sistema Oral y Acusatorio.

Este caso tan mediático y polémico nos debería cuestionarnos ¿cuantos Israel Vallarta hay en Baja California?, sí, ¿cuánto casos de corrupción judicial tienen tras las rejas a presos políticos y a personas inocentes a la espera de una sentencia?

Inmediatamente nos hace recordar que en 2014, un hombre que purgó una condena en la cárcel de Mexicali durante 12 años por presuntamente asesinar a dos jóvenes de una familia de abolengo, al ser absuelto porque la entonces Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) no encontró elementos de prueba que lo incriminaran se inmoló en la explanada de los Tres Poderes en el Centro Cívico.

Se trataba de José Guadalupe Macías Maldonado de 60 años de edad, quien tras un largo peregrinar durante más de un año para que el Estado le repara el daño, optó por protestar de diferentes formas hasta que la rabia y la desesperanza lo invadieron para rociarse con un líquido flamable y prender un cerillo para prenderse fuego, al tiempo que gritaba que no le hacían caso las autoridades estatales.

Macías Maldonado murió en el Hospital General con el 85% de su cuerpo quemado.

En 1997, la presión mediática y política por la muerte de los hijos de la titular de una Notaría Pública en Mexicali llevaron a un hombre inocente a la cárcel. En esos 12 años perdió todo: trabajo, dinero, familia y salud.

Según los datos del último Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE), elaborado por INEGI, uno de cada dos personas privadas de la libertad en las cinco cárceles de Baja California NO han sido sentenciadas, es decir, más del 50% de los casi 13 mil internos están en prisión preventiva justificada y oficiosa a la espera de una sentencia.

Activistas y especialistas en el sistema de justicia en México han advertido de la paradoja de la impunidad en donde el culpable está libre y el inocente paga los platos rotos; en donde el rico difícilmente toca prisión o queda en libertad anticipada, mientras que el pobre puede durar años en la cárcel con una defensa pública que no supo atender las irregularidades del proceso.

En nuestro país, “la prisión preventiva es indebida, exorbitada, injusta y costosa”, aseguran abogados penalistas e investigadores en ciencias penales, pues en México cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles como presuntos culpables. De estos, 45 por ciento sale libre el día de su sentencia porque ya purgaron la pena.

Sin duda alguna, nuestro sistema de justicia está plagado de casos como el de Israel Vallarta, en donde imperó la injusticia y el daño irreversible al proyecto de vida de muchísimas personas. En estos casos, los jueces se apartan de la norma jurídica y resuelven acorde a los poderes políticos, fácticos y públicos dictados desde el poder, característica de un sistema judicial vulnerable y débil.

Lo peor de todo es que las personas encargadas de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Baja California fueron premiadas con otros cargos en el mismo sistema que desvencijaron al dejarlo ineficiente e inequitativo.

REFLEXIÓN EN VOZ ALTA:

Los militares que tienen el control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no pueden con el periodismo crítico, por ello de la manera más burda dan la orden para que los agentes a su cargo reporten páginas de redes sociales de periodistas.

*- El autor es periodista de Baja California.