Libertad de expresión y represión gubernamental

La mayoría de las personas hemos escuchado o leído del caso del periodista campechano, Jorge Luis González Valdez, quien ha sido señalado por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias.

La resolución dictada el pasado 28 de julio por la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, es parte de una medida cautelar para, dice, la verificación de publicaciones relacionadas con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. El documento añade que en caso de incumplimiento se le aplicará una multa de 5 mil 657 pesos.

González Valdez quien fue director de Tribuna y colabora ahora es a quien van dirigidas estas advertencias, aunque se menciona Tribuna. Por cierto Tribuna publicó en sus redes que esta disposición “busca inhibir cualquier publicación o crítica que exhiba la falta de resultados previos al cuarto Informe de Gobierno lo que vulnera, una vez más, la libertad de expresión y el derecho a la información”. Por cierto este viernes 1 de agosto, Layda Sansores presentó su Cuarto Informe.

Además el Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche ordenó entregar, en un plazo de 48 horas, el nombre y datos de la persona responsable de las redes sociales de Tribuna para que se someta al censor judicial, figura que desconocía lo reconozco.

Otra jueza de control, Ana Maribel de Atocha Huitz May dictó medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna pues ambos tendrán interventores designados pro el Tribunal Superior del Estado para, lea bien, revisar qué pueden publicar y qué no. Hasta el momento no se ha designado un censor oficial.

Ante todo esto, me fui a mis archivos sobre una publicación que adquirí hace 24 años sobre Nuevos Términos de Código de Censura por la Comisión Mundial para la Libertad de Prensa, mejor conocida como World Press Freedom en 2001. Es un compendio de ensayos de periodistas de todo el mundo hablando de ética, libertad de expresión, censura y agresiones a los periodistas, entre estas su detención o demandas judiciales.

El tema siempre está en la mesa, pero me hizo recordar el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Tener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir e impartir información e ideas sin interferencia por parte de las autoridades públicas sin importar fronteras.

Marilyn Greene, entonces directora ejecutiva de World Prees Freedom comentaba en este documento que algunos funcionarios tratan de “acallar la crítica o de ocultar acciones, algunos aspirantes a censores han hecho de los medios noticiosos el chivo expiatorio de los males que aquejan a la sociedad, entre ellos la pornografía, la pedofilia, el racismo, las fallas de la seguridad nacional y los conflictos étnicos”.

Otro medio que fue atacado por publicar una columna fue El Universal al que el Tribunal Electoral de Tamaulipas le exigió bajar la columna de Héctor Mauleón, cosa que no hizo. El periodista Peter Preston, quien en 2001 ex director editorial del Guardian Media Group del Reino Unido, señala que los políticos no deben encarcelar periodistas y apunta: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó bien claro que los políticos tienen que tolerar un mayor grado de crítica que las demás personas, a fin de garantizar la libertad del debate político. Los políticos, para decirlo en pocas palabras, no deben encarcelar periodistas”. De ahí que durante años se discute la libertad de expresión y sus límites, por mi parte agradezco a los medios donde he laborado por respetar mi libertad de expresión como el Grupo Healy, que por cierto la audiencia digital de esta grupo se ha posicionado en el lugar 8 de medios de comunicación en México, felicidades.

*- El autor es periodista independiente.