Zona Sísmica

Medidas extraordinarias

Los cada vez más elevados e inalcanzables precios de las viviendas para el trabajador promedio obligan a quienes necesitan adquirir un hogar a pensar y actuar de forma ingeniosa, por decir lo menos. Pero no son los únicos, resulta que los profesionales del rubro también han tenido que pensar en esquemas que promuevan la compra-venta de inmuebles en Baja California. Imagínese usted que hoy en día adquirir una vivienda resulta tan complicado que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (AMPI) propone que los interesados hagan una “vaquita” entre varios familiares y tomen cursos de finanzas para conseguir su anhelado sueño.

La verdad es que la situación no es nada alentadora para quien está en busca de una vivienda, sobre todo considerando que el ingreso promedio que debe tener un trabajador, o en todo caso un grupo de trabajadores, es de entre 30 mil y 50 mil pesos mensuales, para asegurar el pago del crédito hipotecario.

UN CATEO, DOS VERSIONES

El cateo sin orden judicial a la vivienda de una agente estatal en el fraccionamiento Balboa no solo desató indignación entre sus compañeros, sino que también evidenció un problema más profundo: la descoordinación entre las propias instituciones encargadas de investigar y hacer valer la ley en Baja California.

Por un lado, el general Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), aseguró públicamente que el operativo fue producto de una investigación de tres meses realizada en conjunto con la Fiscalía General del Estado. Pero por el otro, la propia fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez, afirmó que se enteraron del caso hasta que la víctima fue a denunciar.

Más allá del bochorno institucional que esto representa, la contradicción es grave porque no se trata de un malentendido técnico, se trata de un grupo de más de 20 agentes armados que, sin orden judicial, y sin avisar siquiera a la Fiscalía, según su propia versión, entraron con violencia a un domicilio, amagaron a un hombre, dos amigos y un menor de edad, y además se llevaron dinero en efectivo. En cualquier otra circunstancia, este episodio ya sería preocupante.

Si se trató de un abuso de autoridad, alguien tiene que responder por ello. Y si fue un operativo legítimo, entonces el descontrol entre dependencias es igual de alarmante. Mientras tanto, la confianza ciudadana, ya bastante debilitada, vuelve a recibir otro golpe.

QUE SIEMPRE SÍ GANARON

Polémica tras polémica con la reforma judicial porque desde su inicio, selección de perfiles, los comicios con “acordeones” y todo el proceso que ha sido cuestionado, ahora de nuevo se ha desatado el debate con la resolución que hará que los candidatos ganadores que estaban “reprobados” se les reconozcan sus triunfos.

En la sesión de ayer de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) por mayoría se determinó devolver el triunfo a 15 candidatos declarados inelegibles por el INE al no alcanzar el promedio académico requerido de 8 y 9.

Ese criterio aplicará para otros que impugnaron con casos que están pendientes de resolver. Hay que recordar que fueron 45 candidatos a magistrados y jueces que habían ganado en las urnas, pero incumplían con la calificación académica exigida.

Abogados, juzgadores, analistas, expertos electorales y ciudadanos pusieron en entredicho esa resolución del Tribunal Electoral; un académico sentenció: “La deriva interpretativa del Tribunal Electoral ya tiene tintes dantescos” a la vez que exponía una argumentación jurídica.

Otros ven que tanto el INE y el Tepjf le han fallado a los ciudadanos en la lucha por la democracia y justicia en el País porque, señalan, los nuevos juzgadores que entrarán en funciones el primero de septiembre próximo son resultado de un proceso en el que se acusa hubo trampas, requisitos mediocres, así como candidatos señalados con vínculos con partidos, sectas y grupos criminales.

La gran pregunta ahora es si con ese escenario, la justicia mejorará o empeorará.