Ahora es Adán Augusto ¿y después?

POR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojoza, varios generales le informaron que tenían pruebas de que Genaro García Luna, Exsecretario de Seguridad Pública, estaba trabajando con el crimen organizado recibiendo sobornos por protección. Desde esos años y en esos niveles de importancia existían nexos de corrupción, que les proporcionaban ingresos inconcebibles, para el común de los mortales mexicanos, a los funcionarios involucrados. A la par de eso, la estrategia contra la inseguridad de Calderón llegaba hasta su máxima expresión, declarándoles la guerra a los diversos carteles. Me imagino las reuniones que tenían ambos -el crimen organizado y García Luna- y las charlas obligadas entre ellos, amenizadas con las risas burlonas que les provocábamos los crédulos mexicanos.

Desde siempre, los tres niveles de gobierno deben investigar, puntualmente, a los prospectos a secretarías de estado, antes de nombrarlos. Pero no lo hacen. Al contrario, parece que abren las puertas completamente, para aprovechar los contactos con el crimen organizado. Solo por poner un ejemplo, las campañas electorales están siendo nutridas con dólares del crimen organizado, según denuncias hechas en redes sociales.

Posteriormente, surgió el caso del General Cienfuegos, Exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue aprehendido en el aeropuerto A propósito de Los Ángeles California, acusado de brindar protección al narcotráfico. Esto sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, siguiendo con esta vereda de la corrupción de las Secretarías de Estado, aparece Hernán Bermúdez Requena, Exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, acusado de ser el líder de La Barredora, importante grupo del crimen organizado. Este sujeto tenía la protección del Senador Adán Augusto López Hernández, quién le dio el nombramiento cuando era el gobernador de Tabasco. ¿Andrés Manuel López Obrador sabía algo de esto?

Tal como lo hizo Calderón, Adán Augusto se deslindó y dijo desconocer las actividades ilícitas de su secretario. Ambos, Hernán Bermúdez Requena y Adán Augusto López Hernández, pertenecen a Morena y andan prófugos. ¿Cuántos funcionarios de menor rango estarán involucrados, si el jefe de su dependencia es el líder de una banda ligada al narco? Mientras, los morenistas bajacalifornianos tienen la boca cerrada, porque no les faltan los tamaños para adoptar una postura correcta y consecuente, denunciando a estos delincuentes.

Los casos de estos funcionarios públicos, envueltos en actividades ilícitas, refuerzan lo que le achaca Donald Trump al gobierno mexicano: que no puede contra el crimen organizado, y que la estructura gubernamental está inundada de delincuentes. Esto lo digo estando en desacuerdo con las políticas de Trump, quién tiene un enorme problema social con los adictos a las drogas.

En Baja California existe una liga entre el huachicoleo y funcionarios públicos, con los decomisos de combustible ilegal. A propósito, existe un video en el que se denuncia el robo diario de combustible en el Departamento de Limpia tecatense. Allí se dan nombres y empresas beneficiadas. Sobre este tema, la diputada Maythé Méndez Vélez, reenvía el video donde se asegura que quién está comprando huachicol es nada más y nada menos que, César Moreno González de Castilla, expresidente tecatense, al cual la diputada, otra persona y yo, demandamos penalmente por peculado y otros delitos. Ella, como síndico procuradora no le da seguimiento al tema, reinicia las amistades con César Moreno, y él respira con tranquilidad. Ahora como diputada puede, y debe, perseguir a este delincuente, pero no lo hará.

Esto es sólo la parte que conocemos del cochinero existente en las estructuras de los tres niveles de gobierno. Aunque, olvidé agregar a María Del Pilar quién también está en la cuerda floja, no se le ha investigado ni a su esposo tampoco. Con este tipo de funcionarios delincuentes, y los que les sirven de tapadera y los protegen, nada podremos hacer. ¿Caerán algún día? Esperemos. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.