Extorsiones, llamadas infernales

La presidenta Claudia Scheinbaum lamentó en días recientes que no ha podido disminuir el delito de la extorsión, por lo que anunció que envió al Congreso de la Unión una ley general contra este delito.

Si las autoridades federal y estatales logran enfrentar de mejor manera este ilícito, lo disminuyen o abaten, deteniendo a los delincuentes que los cometen, será un logro para ellos y por ende para toda la sociedad que es víctima de estos vividores y se encuentra vulnerada.

Este es un tema por demás alarmante, que desafortunadamente, en Mexicali, se ha quedado en la polémica generada entre autoridades policiales y representantes empresariales. Entre las extorsiones que sufren las personas vía telefónica o las llamadas que también son consideradas como el “cobro de piso”, en donde a través de mensajes agresivos y el miedo de que están siendo seguidos por elementos de la criminalidad, organizada o desorganizada, los empresarios, pero sobre todo pequeños comerciantes, son obligados a proporcionar dinero.

Claro que como en el tema de los llamados Feminicidios, las autoridades tratan de ocultar los “cobros de piso” etiquetándolos como extorsiones telefónicas.

Es urgente hacerle un frente común a estos grupos de criminales holgazanes que acostados en sus camas o ante una mesita llaman a las víctimas o mandan a sus sicarios a generarle miedo y cobrarle diversas cantidades a la gente de bien que está haciendo trabajos y rompiéndose el lomo para poder sobrevivir.

En primer lugar, no hay que tenerle miedo a las definiciones para poderlas enfrentar, si hay cobro de piso, no se debe ocular, tampoco verlo como una acción mediática que en ocasiones pone en riesgo a las víctimas, a quienes se les expone con ese tipo de declaraciones, ya sea venida de dirigentes empresariales o autoridades de seguridad.

Hay que tener un diagnóstico adecuado.

Para eso se requiere un frente común, en donde se disipe la desconfianza; un frente común contra estos delincuentes extorsionadores o cobradores de piso.

Una alianza en donde estén presentes quienes tienen el acceso a la información, como son la Secretaría de Seguridad, la direcciones de seguridad, la Fiscalía, Poder Judicial; pero también los diputados, empresarios, investigadores y organismos no gubernamentales.

Todos en una unión común para poder combatir de manera frontal a estos criminales que se están aprovechando del miedo y llevándose nuestros recursos.

La presidenta abrió la puerta y hay que aprovecharlo, viene una reforma federal, que será enviada a los estados para su aprobación y, seguramente será unánime por los congresos estatales.

Habrá que aprovechar esa apertura, en Baja California podría hacerse desde ya una alianza común.

Las autoridades locales no tienen porque sofocarse con la espera de la aprobación federal, pueden adelantarse en lasreuniones pertinentes con los diversossectores que aporten desde ideas, datoshasta las denuncias.

La participación de todos, pero sobretodo que las autoridades puedan ganar laconfianza de las víctimas, en función dela determinación para detener a todos losresponsables, desde servidores (o inservibles) públicos, hasta los delincuentes quehan hecho de este flagelo su modus operandi.

Que no nos sofoque la burocracia, ouna tardía discusión y aprobación de lanueva Ley General contra la Extorsión,enviada el pasado 10 de julio al Congresofederal, que prevé discutirla en septiembre próximo.

Es un problema que nos pega a todos.Nos da vergüenza o miedo denunciar, aúnasí se sabe que del 2018 a la fecha se ha incrementado más del 50 por ciento en elpaís este ilícito.

Buzos caperuzos con este delito.

*- La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.