La careta del cinismo

La impunidad suele llevar puesta la careta del cinismo. Y en eso, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, parece sentirse cómoda. Sus comentarios desentonados, la sonrisa ensayada y ese desenfado con el que transmite un “no pasa nada” resultan inquietantes.

Pero sí está pasando algo. Y en circunstancias como esta —cuando la gobernadora y su esposo se ven envueltos en una controversia política binacional—, guardar las formas sería una muestra mínima de responsabilidad. Al menos hasta que este desorden se aclare.

No hace falta especular cuando los hechos, o sus implicaciones, son claras. Según expertos, las visas pueden ser revocadas a funcionarios públicos por corrupción, violaciones a la ley o falsedad en la información presentada, diversos motivos u otros. Las razones no son menores: proteger la seguridad nacional y la integridad de las instituciones.

Esa última frase merece atención. No necesita adornos. No admite evasivas. La gobernadora, probablemente, se aferre a los “diversos motivos” y a los “otros” que deja entrever la ley. Pero los bajacalifornianos merecen más que ambigüedad. Merecen respuestas.

Quizás no las tendrán. Como ocurrió con Manuel Bartlett.

Durante los años 80, mientras los mexicanos bailaban al ritmo de Luis Miguel y Madonna, la CIA tenía la mirada en otro personaje con menos ritmo, pero mucho poder: Bartlett. El entonces secretario de Gobernación era casi un superministro en tiempos de Miguel de la Madrid.

Para su información, el actual director de la Comisión Federal de Electricidad no ha podido ingresar a Estados Unidos desde 1992. Aunque Bartlett lo niega, diversas fuentes indican que, si intentara entrar, sería detenido e interrogado por las autoridades. Por obvios motivos, también, se le negó la visa.

A veces, el gobierno de Estados Unidos no necesita muros de hierro para levantar barreras. Basta una sospecha creíble, una investigación abierta o un indicio de que algo huele mal, para que el acceso se cierre. En temas de visas, la discrecionalidad pesa más que la diplomacia.

Por eso es preocupante —y engañosa— la comparación que hizo la gobernadora al decir que es “una más” entre miles de baja californianos sin visa. No lo es.

Un rechazo individual puede deberse a razones económicas o administrativas. Otra cosa es que una mandataria, con fuero y presupuesto, vea suspendida su entrada a Estados Unidos.

Quien gobierna debe tener un historial limpio. No solo por imagen, sino por principio. Si el gobierno estadounidense encontró motivos para frenar su visa, algo anda mal. Y merece explicación.

La gobernadora no es víctima del sistema migratorio. Es una figura de poder, sujeta a estándares más altos. Equipararse con la población general trivializa lo que podría ser un problema mayor. Y si no hay nada que ocultar, lo prudente sería aclararlo.

Después de todo, todos merecemos cruzar a Calexico por nuestro hot dog en la calle Segunda, acompañado de una refrescante root beer.

¿Ustedes qué opinan?

*- La autora es periodista inmigrante.