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Columna Huésped

Francisco Rivas

Urge sacar la política de la seguridad

Es evidente que la mayor parte de las acciones para reducir la alta incidencia delictiva no han funcionado. Llevamos una década gastando dinero, tratando de construir instituciones, con las Fuerzas Armadas en las calles, con programas de prevención del delito y el país se encuentra en su peor momento de inseguridad y violencia.

Es innegable que algo que ha mermado el esfuerzo por restablecer la paz y garantizar un sólido Estado de derecho ha sido la politización de la toma de decisiones por encima de la decisión técnica. Tomemos tres casos ocurridos en la última semana:

1.- Pese a las recomendaciones de analistas y organismos nacionales e internacionales, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apostó a la definitiva militarización de la seguridad. La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de la Guardia Nacional y la distribución de recursos en el Presupuesto 2019 apuntan a lo mismo: canibalización de las fuerzas civiles en favor del Ejército, fortalecimiento del mismo gracias al crecimiento del presupuesto para Sedena, disminución para Policía Federal y Marina, y así como la militarización del mando policial.

Quienes hoy aprobaron este proyecto de ley son los mismos que por años criticaron a los ex presidentes Calderón y Peña, por mantener a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, en vez de mejorar las condiciones de las instituciones civiles.

Sorprende que la información sobre los riesgos potenciales para el respeto de los derechos de personas y sociedad pasara inadvertida. El gobierno apostó a la militarización a tal punto que redobló la apuesta con la amenaza del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien dijo que, si el Congreso no aprobaba la ley, habría que retirar el desplazamiento de las Fuerzas Armadas inmediatamente.

2.- Para poder mejorar en seguridad es importante evaluar objetivamente qué tanto hemos avanzado. Para ello, conocer el número de delitos que ocurren, es importante aunque no suficiente.

En el ONC hemos insistido en que debemos transitar de la estadística delictiva a un sistema de información que incluya indicadores de desempeño y resultado de las instituciones. De esta manera, una decisión sería para construir un insumo que permita entender dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir debe buscar, por un lado, contar con la estadística delictiva más confiable, y por el otro, definir el estándar al que cada una de las instituciones de seguridad y justicia debe tender. Los registros de incidencia delictiva que hoy se usan como métrica para medir aumentos o reducciones en la comisión de delitos, se construyen con la información de las investigaciones que inician procuradurías y fiscalías, locales y federal. Si bien, ésta es información relevante, en el ONC hemos señalado las debilidades en dichos registros (procesos no institucionalizados y opacos, limitada inversión en tecnología, personal insuficiente y poco capacitado), y evidenciado cómo éstos se encuentran desconectados de la información policial (Informe Policial Homologado y reportes al C5).

En contraste, el gobierno federal busca construir un dato diario de homicidio sin sustento en términos de cómo podría fortalecer o mejorar la información de seguridad.

3.- La crisis de violencia que vive el país, asume condiciones críticas en algunas entidades, como en Jalisco y Chihuahua, donde se requiere un gran apoyo para hacer frente a la delincuencia organizada, por el tamaño de la población o del territorio, por la necesidad de depurar y fortalecer sus instituciones. No obstante, en el Presupuesto 2019, ambas entidades se vieron sustancialmente penalizadas sin explicación más allá de la oposición política de sus gobernadores.

Urge sacar la política de la seguridad. Las decisiones de política pública se deben construir sobre bases técnicas, deben ser decisiones que busquen el beneficio de la sociedad, no de un gobierno o un partido. Urge invertir en las instituciones civiles de seguridad en vez de insistir en militarizar la seguridad para atender el mandato de un presidente. Debemos fortalecer un sistema de análisis que permita trazar ruta y estrategias que reduzcan incidencia delictiva y violencia, más que publicar datos para validar resultados que no tienen sustento. El país requiere una inversión supervisada para evitar gastos innecesarios. También requiere que éstos seas conforme a las necesidades y no para premiar o castigar a los amigos o a los rivales políticos.

Para un gobierno que prometió un cambio, el camino debe consistir en hacer cosas diferentes y serias, no lo que ya vivimos por años, decisiones políticas sin sustento que tanto han dañado al país.

*EL autor es Director general del Observatorio Nacional Ciudadano

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