Columna Huésped

Extradición de capos, escandalosa abdicación de la soberanía

En homenaje a Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, amigos excepcionales que extrañaremos.

Desde la primera vez que el Ejecutivo mexicano ordena la entrega a Estados Unidos de un narco famoso —es Ernesto Zedillo quien autoriza la deportación de Juan García Abrego— u hasta la actualidad, México accede a las peticiones de extradición sin importar que los delitos hayan ocurrido en territorio nacional. Cuando esto sucede, el gobierno mexicano abdica de su soberanía y no ejerce competencias de manera plena, a tal grado que las autoridades mexicanas parecen inermes y doblegadas por el temor a los capos de la droga.

Es facultad de un gobierno, extraditar o negarse a ello cuando se trata de juicios de nacionales, lo que no está a discusión es la obligación de ejercer sus facultades y aplicar la soberanía en materia de justicia.

Ante un gobierno nacional indiferente, un procesado declara en EU lo que le viene en gana, y en el "toma y daca" entre fiscales y jueces que le ofrecen reducir su pena a cambio de una "actitud cooperativa", sus dichos sacuden a las instituciones mexicana y barren como quieren con la clase política. Todo ello, sin probar ni uno de sus dichos.

A las solicitudes de extradición suele ocurrirles algo semejante. El extraditable arma su defensa sobre la base de que es "víctima de una persecución política del sistema mexicano", pues en los sistemas judiciales de otros países, como EU se utiliza regularmente la figura del testigo protegido, los procesados e incluso sentenciados que testifican lo que quieren, de acuerdo con abogados y fiscales, bajo la promesa de reducir su condena o extinguir la pena en forma parcial si "colaboran" con la fiscalía. Declaren lo que declaren, así sean mentiras espectaculares, no pueden ser sancionados penalmente dada la garantía de protección e inmunidad que hayan acordado con el fiscal y el juez. El sistema judicial allá les pone límites sólo si considera que hay razones de seguridad nacional que les impidan declarar o atribuir hechos a terceras personas.

El tema llega al extremo de que el presidente mexicano que autoriza la extradición suele ser siempre el primero en ser pasado a la piedra de los sacrificios para recibir andanadas escatológicas. Así le pasó al presidente Peña con el reciente proceso instalado en contra de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, pero también les sucedió a los presidentes Calderón, Fox, De la Madrid, Salinas de Gortari, López Portillo y el propio Zedillo.

En los juicios, el delincuente pasa a un segundo término, la defensa y la fiscalía coinciden en algo: señalar de manera escandalosa y acrítica el desastre del sistema de justicia de su vecino del sur y la brutal corrupción de toda la clase política mexicana.

La soberanía judicial del Estado es la expresión de su ejercicio pleno y de poder legítimo. Si el Estado no es capaz de hacer justicia equivale a reconocer la fuerza mayor de la criminalidad organizada. Si México se sigue mostrando incapaz de juzgar a los delincuentes del narcotráfico, está renunciando tácitamente a su soberanía judicial. La práctica de extraditar capos del narcotráfico niega y vulnera también el derecho de acceso a la justicia de los familiares y víctimas frente al Estado mexicano y viola el derecho internacional.

Como Estado soberano, México debería tener el poder legítimo para investigar y perseguir todos los delitos y delincuentes. Esto es, asumir el reto de abatir la impunidad, y dejar de ser disciplinado y obediente con el gobierno de EU y de su sistema judicial. Mientras esto no suceda seguiremos siendo parte del juego del gato y el ratón, símil de la relación que Elías Canetti utiliza para describir una falsa convivencia, tan subordinada, que sólo una de las partes juega a usar su fuerza, hasta que aniquila a su pequeña presa. México no debería ya ser el ratón del felino judicial norteamericano.

*El autor es Notario público y ex procurador general de la República