Camelot

Finanzas públicas

Desde hace semanas hemos atestiguado la insolvencia en la que el Estado ha incurrido para hacerle frente a compromisos que tienen que ver con el pago de nóminas, principalmente a jubilados y algunos compromisos pactados con proveedores. El futuro nos alcanzó, nos guste o no, no podemos seguir actuando bajo la irresponsabilidad de las dobles plazas, de jubilaciones dinámicas; el problema es estúpidamente sencillo, tiene que ver con la irresponsable toma de decisiones del actual gobierno, así como la mayoría de los que le antecedieron. El estado del paciente, nuestro Estado, es grave, nos debe de preocupar sobremanera muchos de sus síntomas:

Déficits financieros durante la gestión del actual gobierno, incremento sostenido de la deuda pública y de corto plazo; falta de planeación financiera que se ha traducido en dificultades de pago a maestros, jubilados, poder judicial, organismos autónomos, Colegio de Bachilleres, UABC, entre otras entidades dependientes presupuestalmente del Estado.

El Secretario de Planeación y Finanzas del Estado ha manifestado que se ha tenido que recurrir a préstamos con la banca comercial para hacerle frente a los compromisos de la nómina de los empleados dependientes del estado, es una medida desesperada pero insostenible, funcionó para hacerle frente a unos meses, pero no podrá ser permanentemente.

Vemos con preocupación que se insista en la implementación de proyectos de infraestructura que corren el riesgo de incrementar, aún más, los compromisos financieros:

El C5I, generará una deuda de $800 millones de pesos con serias dudas de los beneficios del proyecto y mayores respecto a las condiciones de contratación.

La planta desaladora de Rosarito, proyecto que excede con mucho las necesidades de la región, y que tendrá como consecuencia la posible cancelación de futuras inversiones en infraestructura en el Estado; claro que reconocemos la necesidad de suministro de agua en todo el estado, pero este es un proyecto que no tiene viabilidad financiera, y que seguramente tendrá que ser pagado con incrementos tarifarios y el uso del Impuesto a la nómina estatal.

El segundo piso en Tijuana, dada la actual situación financiera del Estado, es una imprudencia que pudiera requerir un fuerte subsidio de las finanzas estatales.

El pasado miércoles 19 apoyados en el liderazgo de Kurt Honold, Presidente Coordinador de los CCE del estado, nos reunimos con el Gobernador y su equipo de trabajo, la reunión fue atendida por 50 representantes del sector empresarial de nuestro estado; la solicitud puntual hacia Vega de Lamadrid fue nuestro rechazo total al aumento de impuestos en el estado sin antes contar con acciones concretas para lograr la contracción del gasto corriente del estado. Estamos convencidos de que si hemos sido parte del problema, por omisión, por acción tenemos que ser parte de la solución, por ello le propusimos al Gobernador la integración del Consejo Consultivo Financiero, mismo que será integrado por tres técnicos y por el Comisionado Presidente del ITAIP que sin cobrar un solo centavo trabajaran en un dictamen y en las acciones que deberemos de seguir desde hoy hasta el 2024 para que nuestro estado pueda concurrir en las mejores condiciones financieras posibles.

El diagnóstico es sumamente pesimista, no podemos seguir dándonos el lujo de culpar a los demás, es hora de remangarnos las camisas y ponernos a trabajar; el Gobernador ha empeñado su palabra, que cada quien le dé a sus acciones el significado de la palabra dignidad.

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.