Zona Sísmica

Poder contra Poder

El pleito entre el Poder Ejecutivo federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra del Poder Judicial de la Federación, donde firma el ministro José María Aguilar Morales firma como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pone cada vez más interesante.

Para nadie es un secreto que desde hace meses AMLO agarró al Poder Judicial de la Federación como pera de box, pegándoles hasta con la cubeta por los sueldazos que reciben ministros de la SCJN, magistrados y Jueces.

Por ello, la Ley de Remuneración de Servidores Públicos para obligarlos a bajarse el sueldo, prácticamente era con dedicatoria para ese poder autónomo.

Sólo que la respuesta de Jueces y Magistrados fue por la vía legal y empezaron a promover amparos contra la inconstitucionalidad de esa ley en todo el país.

Y en Baja California no podía ser la excepción, porque magistrados de Tribunales Colegiados, Unitarios, Jueces de Distrito y otro personal del Poder Judicial de la Federación, también interpusieron amparos en contra de la ley de marras y recibieron la suspensión provisional, así que no hay manera de que les bajen el sueldo.

Aún hay más, como diría el finado conductor de televisión: Hay planes para que mañana a las 8:30horas, magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios, realicen una protesta frente al Palacio de Justicia Federal ubicado en el Centro Cívico de esta capital.

En el Poder Judicial de la Federación están cerrando filas en aras de mantener sus sueldos y, sobre todo, la independencia ante el Poder Ejecutivo Federal y el Legislativo.

Por cierto, abogados comentan que a como van las cosas, la mencionada Ley de Remuneración de Servidores Públicos va a "tronar" cuando el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Claro está que AMLO no les va a quitar el guante de encima al Poder Judicial de la Federación por los sueldazos, que según él tener ese tipo de remuneraciones es similar a la corrupción.

“Filtran” lista de “delegados”

Mucho revuelo ha causado sobre todo en el ámbito político la filtración de los posibles nombres de delegados, jefes o encargados de oficina de la administración federal, que en BC está encabezada por Jaime Bonilla Valdez, quien recientemente dejó la senaduría para dedicarse a la coordinación federal en BC.

Y es que entre esos nombres, dados a conocer por un semanario, se encuentran varios priistas, incluso algunos actualmente en cargos públicos.

Se menciona a Alejandro Arregui, para la Administración Portuaria Integral; Eligio Valencia López para Infonavit, Carlos Murguía para el SAT; Daniel Romero Mejía (cercano colaborador de Fernando Castro Trenti) para Pemex, así como Héctor de la Isla Puga para Profepa y Antonio Ferret para Profeco.

Al ex alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada ya se le menciona para Indaabin, a Jesús Ruiz Uribe para la Secretaría de Bienstar; a Luis Javier Algorri para Semarnat y Víctor Manuel Zatarian para la PGR.

De los ex panistas se habla de Salvador Morales Riubí para el IMSS y Modesto Ortega para CFE, entre otros.

Habrá qué ver cuáles de estos se ratifican, pues por lo pronto, parece el regreso del PRI al gobierno federal o algo así como que nunca se fue.

Por cierto otra molestia que ha causado esta lista es que parece el club de Tobi.

La corrupción

Con bombo y platillo la "cuarta transformación" ha anunciado que, ahora sí, la corrupción va ser considerada como "delito grave", que en otras palabras es el hecho de que un acusado reciba presión preventiva oficiosa cuando sea procesado ante un Juez.

En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente de México, se ha referido a la corrupción como la causante de todos los males.

Sólo que ahora que fue aprobada la prisión preventiva para la "corrupción", llama la atención que en realidad se están refiriendo a dos delitos: Negociaciones ilícitas y ejercicio indebido de funciones".

Porque según abogados consultados, no existe específicamente el delito de "corrupción" ni en el Código Penal Federal ni en el Código Penal de Baja California.

De hecho, hay un delito que quizá es más cometido por los funcionarios públicos, que es el peculado, el cual no está considerado como "grave" y los acusados pueden lograr medida cautelar de libertad cuando están en proceso.

Tampoco es delito grave el cohecho, uno de los delitos más recurrentes, es decir la clásica "mordida".