Zona Sísmica

Extranjeros

Apenas hace un mes, cuando se supo del éxodo de hondureños y de otros países centroamericanos, se podía prever la magnitud de la situación que iba a representar para Baja California, especialmente para Mexicali y Tijuana.

Aunque tanto el gobernador Francisco Vega de Lamadrid como los alcaldes Gustavo Sánchez Vásquez, de la capital del Estado, como Juan Manuel Gastélum, de la coqueta Tijuana, monitoreaban el recorrido de la caravana, nunca pudieron prever que una gran mayoría iban a llegar a esta región.

Se pensaba que una parte iba a tomar la ruta hacia el Norte para llegar a la frontera en Tamaulipas, pero por razones que cada vez son más extrañas, aparte de la ruta "menos peligrosa", ciertos personajes, entre los que se sabe están gobernadores de los estados en la ruta, pagaron autobuses para "batear" a los centroamericanos hacia Baja California.

Ahora los centroamericanos tendrán que atravesar el proceso para solicitar asilo político, aunque el magnate Donald Trump ha advertido y demostrado con el envío de soldados a la frontera, que la situación no será sencilla para los migrantes.

Ante el proceso que viven los migrantes, Baja California, especialmente Mexicali y Tijuana estarán dando albergue a los miles personas, estando en la mira de organismos internacionales, de las Comisiones de Derechos Humanos y de activistas.

En el limbo

Precisamente, la situación de los migrantes en Baja California prácticamente está en el "limbo político", puesto que a la administración de Enrique Peña Nieto ya no le interesa, puesto que tiene un pie en la salida, y la administración de Andrés Manuel López Obrador no quiere otro broncón antes del 1 de diciembre, cuando formalmente tome protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, cuando empezó el éxodo de los hondureños y entraron por miles a México, el Presidente de facto desde el 2 de julio pasado les ofreció visas de trabajo, por lo que al asumir el cargo habrá que ver si cumple con esa promesa.

Diputados

Quienes ahora sí ya andan apurados en nombrar a los Consejeros de la Judicatura que deben asumir el cargo el 1 de diciembre próximo, son los diputados del Congreso local, donde firma como presidenta Rocío López Gorosave.

En las indiscretas paredes del edificio del legislativo se escucha que los diputados ya tienen "planchada" la decisión para nombrar a sus dos representantes en el Consejo de la Judicatura.

A los legisladores parece no interesales mucho el tema, puesto que el Poder Judicial del Estado no genera votos.

Y precisamente sobre el Congreso, parece que los Jueces de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado entregaron formalmente un documento a los legisladores, donde les solicitan que los incluyan en la Ley de Haber de Retiro, para que cuando termine su vida laboral también tengan derecho a una pensión, como los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Ignoraron manifiesto en Baja 1000

A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa Score International, impidiendo que la ruta de la carrera Baja 1000 contemplara el Valle de los Cirios, tal parece que a lo organizadores poco les importó y llevaron a cabo la competencia.

Y es que dicen que la ruta era imposible de cambiar ya que costó más de un millón de pesos, además cancelar la carrera hubiera sido un escándalo, pues los competidores ya se habían inscrito y turistas reservaron noches de hotel con anticipación.

No obstante, esto le saldrá bastante caro a los organizadores, ya que el año pasado fueron multados por la misma situación con un monto de 507 mil pesos que a la fecha no han pagado.

Lo que llamó la atención es que ni el presidente municipal, Marco Antonio Novelo, ni el Gobernador del Estado, Francisco Vega, estuvieron presentes en el arranque de la carrera, cuando en otras ediciones hasta lo presumían en redes sociales, tal vez al saber la situación de ilegalidad prefirieron ausentarse.