Zona Sísmica

Protesta en PJE

La aparición de una manta en el Poder Judicial del Estado, donde trabajadores de confianza exigen el respeto a sus derechos laborales, entre ellos una jubilación, ha dado pie a diversos comentarios, principalmente uno en el sentido de que hay quienes buscan desestabilizar a la institución.

Todo empezó cuando se dio a conocer que por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado debe legislar para otorgar un haber de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que preside el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

A partir de que se supo que los togados tienen derecho a recibir la jugosa "pensión", sin haber aportado nada, los Jueces, Secretarios de Acuerdos y Actuarios, todos ellos personal de confianza, empezaron a pensar que también lo merecen.

En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que un grupo de magistrados, a quienes se les conoce con el nombre de un grupo juvenil cachanilla, empezaron a mover los hilos para calentar el ambiente entre el personal de confianza, con el argumento de que ellos también tienen derecho a pedir su pensión.

Aunque se dice que en realidad lo que se busca es ejercer presión sobre la presidencia del TSJE, para echar del cargo a Ortiz Morales, y regresarlo a una Sala.

Apenas hace unas semanas un grupo de togados intentaron darle "pinochetazo" a Ortiz Morales en una sesión del pleno del TSJE, sólo que no obtuvieron los votos suficientes para quitarlo del cargo.

Aunque se debe reconocer que uno de los reclamos de los Jueces sí es válido, porque desde hace quince años no les aumentan el sueldo.

Pero todo parece indicar que esta incómoda situación continuará.

El 'SEA botín'

Ayer quedó de manifiesto que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), aun cuando todavía no nace oficialmente, podría perder la esencia para lo que fue creado, que es representar los intereses de los ciudadanos ante actos de corrupción de la autoridad.

Y es que, durante la votación para elegir a quién será el Secretario Técnico del SEA, los representantes de la cúpula de empresarial –léase Coparmex– se enfrascaron en una discusión con los representantes ciudadanos, pues los primeros insisten en imponer la candidatura de Luis Irineo para ese cargo.

Lo curioso es que Irineo es Asesor legal de Coparmex Mexicali, una situación que podría dibujar un escenario complicado, pues el SEA podría quedar en poder del sindicato de patrones.

Lo que preocupa a los ciudadanos que integran el SEA, es que la Coparmex utilice el Sistema Estatal Anticorrupción como arma política, toda vez que en los últimos tiempos, esa Confederación patronal ha asumido posturas políticas, aparentemente para facilitarle el camino a su presidente Nacional para sus aspiraciones personales.

Basta mencionar que la semana pasada el representante de Coparmex en dicho organismo, Francisco Fiorentini, se la pasó haciendo llamadas a los integrantes que elegirán al Secretario Técnico, para que voten por Irineo, descalificando al otro candidato Jorge Sauceda.

Total, llevan tres rondas de votaciones en donde la mayoría ha sufragado por Sauceda, pero éste no alcanza la votación requerida de 17 sufragios, ayer nuevamente quedó suspendida la sesión para otra fecha en espera de que lleguen a un acuerdo.

Los impedimentos

Pero como en todo hay dos lados durante la sesión efectuada entre los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, hubo argumentos legales para presuntamente demostrar que Sauceda no cumple con los requisitos.

Claro, los defensores de Sauceda hicieron malabares para tratar de sostenerlo como una persona que reúne los requisitos para tan importante cargo.

Por ejemplo, Sauceda fue Director Jurídico del Poder Judicial del Estado, cargo que apenas dejó el año pasado, mientras que la ley señala que para ser Secretario Técnico del SEA, uno de los requisitos es no haber sido titular de Dependencias y Unidades Administrativas en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al menos en los últimos tres años.

Otro de los requisitos es el de la residencia mínima de diez años en la entidad, pero sus defensores argumentan que ahí está la credencial del IFE que lo avala.

Por cierto, a quien de plano casi lo tenían como un cero a la izquierda durante la sesión, fue a Jorge Topete Calvario, presidente del Comité de Participación Ciudadana, porque incluso la consejera Rosa Martínez Esquivel, prácticamente callaba a éste durante sus intervenciones.

Sin duda alguna, están convirtiendo al SEA en un botín político, en lugar de un organismo que pueda operar sin cortapisas.