Zona Sísmica

En el escritorio de la procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva, se encuentra una denuncia que dará mucho de qué hablar y, de ser investigada como debe ser, sacará a relucir muchos trapos sucios del Poder Judicial del Estado.

Fue precisamente el 4 de octubre pasado cuando en la dependencia estatal recibieron la denuncia presentada por el abogado Elías Flores Gallegos en contra del magistrado Jorge Armando Vásquez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura del Estado.

El abogado, con documentos para sustentar su acusación, señala que el ex presidente del TSJE realizó dos días antes de concluir el año 2016, un contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa Sinergia Estratégica del Golfo, SA de CV, para el "equipamiento de salas de audiencia en materia de oralidad mercantil para el primer Partido Judicial de Mexicali".

La cantidad que fue pagada a la empresa, de acuerdo con la denuncia que obra en poder de la PGJE, es de 2 millones 857 mil 143 pesos, con los que se entregaría equipo y mobiliario para el equipamiento de las salas mercantiles o juzgados orales en materia mercantil... "los cuales jamás fueron entregados, no obstante que fueron pagados".

Aparte, la asignación del contrato por parte de Vásquez a la empresa fue sin realizar una convocatoria pública como lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California.

Uno de los puntos en los que hace énfasis el denunciante, es que en el contrato entre Vásquez y la empresa, se indica que tenía "el objetivo de promover un mejor ambiente para hacer negocios y con ello beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas".

Y el denunciante señala que "el objetivo del Poder Judicial del Estado es el de impartir justicia, más no es de hacer negocios con la iniciativa privada, mucho menos celebrar contratos con el objeto de beneficiar a empresas propiedad de particulares".

Ya entrado en la denuncia, Flores Gallegos señala que Vásquez debe ser sancionado por incurrir en responsabilidad penal y administrativa, porque ese tipo de actos no deben quedar impunes.

Va más allá Flores Gallegos: "La sociedad no merecemos este tipo de magistrados que solo roban, perjudican a la comunidad jurídica. El hoy imputado es un delincuente, un ladrón, perverso y corrupto que debe ser sancionado y removido de su cargo. Nadie tiene garantizada la parcialidad en un sistema judicial como el nuestro".

Así que la procuradora Ibarra Leyva, magistrada con licencia en el TSJE, ya tiene otra papa caliente en su escritorio y está obligada a investigar esta delicada acusación en contra de un magistrado.

Seguramente esta situación dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Informe

Sin mucho ruido se han efectuado los informes rendidos por los alcaldes de los diferentes Ayuntamientos en Baja California.

Tan es así, que ha trascendido poco el hecho de que hoy a las 17:00 horas el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez presentará su informe de labores ante el Cabildo mexicalense.

Parte de esta desinformación es el cambio de fecha para la presentación, porque todavía el año pasado se efectuó a finales del mes de noviembre, como tradicionalmente se realizaba.

Durante los últimos días Sánchez Vásquez ha tenido bastante actividad, sobre todo en el puerto de San Felipe, donde el avance del huracán Rosa, luego convertido en tormenta tropical, obligó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a realizar un operativo en grande, para prevenir afectaciones por el meteoro.

Por cierto, hay quienes han criticado el hecho de haber desplazado todo un equipo operativo a la zona a manera de prevención, sin que se registraran mayores pérdidas porque la tormenta tropical no impactó con la fuerza que se esperaba.

Claro que si el operativo no se hubiera efectuado y el fenómeno hidrometeorológico hubiera causado decesos y daños mayores, esos críticos serían los primeros en despotricar.