Zona Sísmica

Molestia justificada

Cada día son más las voces que cuestionan a los jueces, tanto federales como estatales, por permitir que presuntos delincuentes queden libres, tras ser detenidos por agentes de diferentes corporaciones policiacas por cometer diversos ilícitos.

La gota que derramó el vaso, al menos en Baja California, fue la libertad de nueve sospechosos capturados en Tijuana con un arsenal, radios de comunicación policiaca y chalecos antibalas, por cierto, mejor armamento que el de algunas corporaciones en la localidad.

Eso provocó que el miércoles el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así como los alcaldes Juan Manuel Gastélum Buenrostro (Tijuana), Gustavo Sánchez Vásquez (Mexicali), Marco Antonio Novelo Osuna (Ensenada), Nereida Fuentes González (Tecate) y Mirna Rincón Vargas (Rosarito), cerraran filas para exigir a diputados federales y senadores modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para catalogar como delitos graves la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y los robos con violencia.

Se ve difícil, si no es que imposible, que los legisladores que ya están en su última etapa en el cargo, se vayan a tomar la molestia de atender el reclamo no nada más de Baja California, sino de otras entidades del País donde la situación de inseguridad es de alto peligro.

Ya desde la entrada en vigor en Mexicali del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 2010, diversos abogados habían advertido sobre la llamada "puerta giratoria" al quedar fuera de la prisión preventiva oficiosa diversos delitos.

Incluso, en su momento los estudiantes de Derecho de la UABC Kenia Alejandra Badilla Nuño, Carolina Rosales Gómez, Daniela Murrieta Reynosa, Juan Carlos Álvarez Álvarez, Ricardo Issac Montaño Valadez, Israel Alberto Gutiérrez Bermúdez y Luis Alonso García Lara, presentaron al Congreso local un documento donde proponían precisamente que se consideraran delitos graves la portación y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, e incluso la introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Además, proponían que se considerara también delito grave el robo de vehículo, robo en casa habitación, extorsión y homicidio por culpa cuando el conductor estuviera en estado de ebriedad u otras sustancias que perturben su adecuada conducción.

La propuesta de esos estudiantes, entregada en el Congreso local, parece que fue echada a un cajón por los diputados.

Así que las consecuencias ahí están y seguramente habrá que esperar a la siguiente legislatura federal, a ver si tiene tiempo para echarle una buena revisada al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Audiencia

Seguramente el próximo martes habrá casa llena durante la audiencia de vinculación a proceso del líder visible de Mexicali Resiste, León Fierro Reséndiz, acusado de homicidio en grado de tentativa, en contra de varios agentes policiacos.

La situación para Fierro se ve complicada porque esta vez la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a cargo de Perla del Socorro Ibarra, parece tener las pruebas necesarias para "guardar" al acusado durante un buen tiempo en la prisión.

Aunque la defensa a cargo de Fernando Rosales Figueroa también se está preparando y analizando minuciosamente el expediente para lograr que Fierro no sea vinculado a proceso, o al menos seguir el proceso en libertad, en caso de una vinculación.

Por cierto, dicen que quien anda "cabildeando" para tratar de sacar al líder de Mexicali Resiste de la cárcel, es el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, amigo de Andrés Manuel "Ya sabes quién" López Obrador.

Incluso, el Senador fue visto fuera de la calle Sur la tarde del pasado viernes, parece que tratando de entrar para platicar directamente con León Fierro.

Incertidumbre

Mientras el concurso para la designación de un nuevo magistrado continúa su camino, entre los aspirantes a sustituir a Félix Herrera Esquivel, hay inquietud e incertidumbre.

El Consejo de la Judicatura del Estado, donde firma como presidente Salvador Juan Ortiz Morales, prácticamente culminó con las etapas de evaluación de los 17 aspirantes al cargo, por lo que próximamente tendrá que enviar al Congreso del Estado los resultados de quienes cumplieron con los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Sólo que ahora lo interesante es si el Congreso del Estado seguirá con las entrevistas a los aspirantes o esperará, ante la incertidumbre de que Herrera Esquivel promueva ante los Tribunales Federales un amparo para evitar ser echado del cargo por cumplir 70 años, tal como señala la ley.

Se debe recordar que apenas en enero, el magistrado Raúl González Arias salió del TSJE al cumplir esa edad, pero un Tribunal Federal le otorgó una suspensión definitiva para poder regresar al puesto, el lo que se analiza el fondo del asunto, donde se decidirá si puede quedarse en el cargo o de plano tiene que salir.

De momento las calificaciones de las últimas dos evaluación realizadas a los aspirantes a la vacante, queron fue la etapa de entrevista y valoración de méritos, son las siguientes:

Karla Patricia Amaya Coronado (100-86), Jesús Angulo Guzmán (90-40), Basilio Ríos Everardo (93.33-58), Álvaro Castilla Gracia (100-71), Jesús Antonio Chávez Hoyos (98.33-65), Ana María Elías González Rosas (100-84), Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez (100-98), Carlos Alberto Ferre Espinoza (100-93), Alejandro Isaac Fragozo López (100-99), Pedro Galaf Hernández García (100-87), Nelson Alonso Kim Salas (100-74), Maribel Maldonado Durán (100-85), María de Lourdes Molina Morales (100-88), María Dolores Moreno Romero (100-41), Humberto Tamayo Camacho (100-88), Ana Carolina Valencia Márquez (100-100) y Marcelino Zepeda Berrelleza (100-97).