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Transiciones

La mayoría de los analistas coinciden en señalar el año 2000 como el de la culminación del proceso de transición a la democracia mexicana. El histórico triunfo de un candidato de oposición sería el inicio de una nueva época democrática caracterizada por el fin del largo periodo autoritario mexicano. Casi dos décadas después la única certeza parece ser que tenemos una democracia política, caracterizada por la realización de elecciones recurrentes para la renovación de autoridades. El examen del resto de variables asociadas con una democracia de calidad es negativo.

La euforia por el triunfo de Vicente Fox se desvaneció muy rápidamente. Recuerdo haber discutido con reconocidos politólogos a los días del triunfo del guanajuatense acerca de los alcances de dicha victoria. No cabían de contento y afirmaban que el país era otro. Ernesto Zedillo, que entregaría el poder, afirmaba que en México no era necesaria una transición a la democracia pues ya hacía tiempo que “éramos democráticos”. El chiste se contaba solo.

Hoy, la mayoría de los estudiosos considera que se perdió la gran oportunidad para avanzar a una transición que cambiara el diseño institucional de nuestro país. Vicente Fox demostró una supina incapacidad para encabezar la transformación indispensable del régimen político. Hoy a ese personaje se le recuerda más por sus limitaciones mentales que por sus contribuciones democráticas.

Ante la grave situación por la que atravesamos, pero sobre todo ante la crisis del régimen político, las elecciones ofrecen una magnífica oportunidad para lograr un acuerdo entre los partidos políticos que permita una transición a un régimen democrático. Es necesaria una segunda transición que conduzca a un rediseño institucional de un régimen político que no se corresponde con las transformaciones que ha registrado la sociedad mexicana.

Quien gane las elecciones presidenciales el próximo 1 de julio tendría la responsabilidad de convocar a la sociedad mexicana a un Acuerdo Nacional por la Democracia. Sería la única forma de evitar la colisión social que se avisora en el horizonte cercano. No exagero, seguir por la misma ruta fallida hará que el estallido sea más grave.

El nuevo presidente deberá erigirse en el presidente de la transición. Sobre la base de las coincidencias deberá trazar el camino para la transformación del país; la clase política aprobará la ruta crítica; pero sin duda, como sistema presidencial, el nuevo jefe del Ejecutivo tendría la máxima responsabilidad. Serían nuestros “Pactos de la Moncloa”, no para afianzar a un régimen agotado, sino para transformarlo. Nunca hemos tenido pactos para la transformación, únicamente acuerdos cupulares para hacer reformas.

En el actual proceso electoral sólo dos precandidatos han expresado que su objetivo es transformar el régimen político. Se trata de Ricardo Anaya del frente que aglutina al PAN/PRD/MC y Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición de MORENA/PT/PES. Ambos han hecho reiteradas menciones, pero sin desarrollar las vías para lograrlo. Habría que agregar que en el caso de Anaya, sí ha dicho que el objetivo es establecer un régimen semipresidencial, pero no más. Urge que quienes pretenden alcanzar la máxima responsabilidad se manifiesten al respecto y propongan el contenido de lo que dicen buscar.

En el caso de José Antonio Meade del frente PRI/PVEM/PANAL, le resulta prácticamente imposible reivindicar un cambio de régimen. Sería tanto como reconocer el fracaso de un sistema en el cuál el PRI y el presidente encabezaban el régimen autoritario; incluso más allá de los deseos personales, el presidencialismo por su organización vertical propicia las condiciones para concentrar el poder en los poderes ejecutivos en sus tres ámbitos: federal, estatal y municipal. En esa situación Meade se encuentra con una camisa de fuerza: no puede plantear cambios profundos al diseño institucional; hacerlo sería romper con el grupo encabezado por Enrique Peña Nieto quien lo designó como precandidato. Las dificultades de ser gobierno.

* El autor es Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.

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