Pareces

Desde mayo del año pasado Baja California empezó a vivir un nuevo escenario migratorio con la llegada de personas de origen haitiano y africano. Desde entonces han transcurrido diez meses. Si construyéramos una línea del tiempo, podemos observar en ella varias etapas marcadas por puntos de cambio y transformaciones de ese fenómeno. A partir de mayo de 2016 se presentó un flujo migratorio de miles de personas, principalmente haitianos, cuyo destino era los EUA. Para agosto se esperaba la llegada de 40 mil. En marzo de 2017 ha ocurrido, aparentemente, la suspensión del flujo con el inicio un proceso de integración a nuestra región pues están varados un número, según distintas fuentes, que oscila entre 4 mil y 7 mil personas. En el trayecto de esa línea de tiempo aparecen acontecimientos protagonizados por varios actores: el Estado, en donde incluimos al Instituto Nacional de Migración, los gobiernos municipales y del estado de BC, la Secretaría de Gobernación, y el Congreso de la Unión; los albergues; la sociedad civil organizada que proporciona ayuda; así como la sociedad que observa; la política migratoria de los EUA. Además, la circulación de expresiones abiertas y veladas de racismo y xenofobia. Podemos acercarnos al papel que han jugado cada uno de esos actores. Por ejemplo, el Inami, el cual coadyuvó con las autoridades de inmigración de los EUA administrando el número de solicitudes de asilo que podían ser atendidos cada día en la garita estadounidense. Asimismo, la aparición de la corrupción, al aparecer gente que vendía los lugares en la lista de espera. En cuanto al gobierno en sus tres niveles, hasta la fecha ha habido, o una relativa atención de tipo asistencialista o un desentendimiento total como en el caso del gobierno del estado, al señalar en voz del gobernador Kiko Vega que el problema era de jurisdicción federal. O, en cuanto a las Cámaras de Diputados y Senadores, han sido omisos en proponer y/o elaborar programas para atender la emergencia humanitaria o la gestión ante organismos internacionales. La saturación de los albergues tradicionales para migrantes en Tijuana y Mexicali y que al inicio no llegaban a ser una docena, llevó a la necesidad por parte de órdenes religiosas, organismos civiles, e incluso particulares, de improvisar espacios e instalaciones, hasta llegar a un número de más de treinta albergues para la atención de los migrantes en camino hacia el país del norte, asimismo para las personas deportadas. E, incluso, el intento de construcción de la colonia Pequeña Haití. La gran movilización de sociedad civil y grupos religiosos para ofrecer techo, comida, ropa, atención médica y sicológica. O, el trabajo de grupos de artistas plásticos, gestores culturales, servicio social, llevando a cabo eventos dentro de los albergues. Por otra, el gobierno los EUA, primero en la administración de Obama, la cual canceló las visas humanitarias el 22 de septiembre. Y luego la nueva administración de Trump, que ha emprendido una política de negación del derecho humano a la migración. Esto cambió el escenario de la asistencia humanitaria en Baja California, el cual empezó a tener visos de crisis humanitaria. Y, sobre este tema ha habido una confrontación, pues por un lado tal crisis ha sido negada por el Estado y sus agentes; mientras que defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, caracterizan la realidad de esta migración en un escenario de crisis humanitaria. Además de ello, ha habido una diversidad de eventos para mostrar y reflexionar sobre la situación de los migrantes haitianos y africanos, sobre todo en instituciones académicas, como los que se vienen realizando en la Ibero Tijuana. Aquí mismo, en esta semana se llevó a cabo la presentación del Informe Frontera Cerrada, elaborado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristina. Allí se habló de los retos en términos de visibilización del problema y de exigencia del respeto de los derechos humanos de los migrantes, y la necesidad de trabajar por una cultura de la inclusión. * La autora es Doctora en Ciencias con especialidad en Investigaciones Educativas. Académica-investigadora de la Ibero Tijuana.