El juez mexicano detenido en Colombia por un presunto soborno de 2 millones de dólares pide ser juzgado en México y no en Estados Unidos, donde lo acusan de favorecer al operador del llamado “Chapo canadiense”
Su defensa niega que haya favorecido al narcotraficante canadiense y sostiene que cualquier responsabilidad derivada de su función judicial debe determinarse ante las autoridades mexicanas. Mientras tanto, permanece detenido en Colombia
El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por una acusación relacionada con el narcotráfico internacional, busca que su caso sea atendido en México y no en Estados Unidos. Su abogado sostiene que cualquier responsabilidad derivada de las decisiones que tomó como funcionario judicial debe determinarse conforme a las leyes mexicanas.
La petición ocurre mientras el gobierno estadounidense tramita su extradición desde Colombia, donde fue detenido el domingo 1 de noviembre de 2026. De acuerdo con información de la agencia Associated Press (AP), el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al juez de recibir un presunto soborno de 2 millones de dólares para facilitar la liberación de Andrew Clark, un ciudadano canadiense señalado como segundo al mando de la organización criminal de Ryan Wedding, conocido como el “Chapo canadiense”.
En un comunicado difundido el viernes 6 de noviembre, el abogado defensor, Miguel González Sánchez, afirmó que las posibles responsabilidades de su cliente deben ser definidas por el Estado mexicano y ante sus propias autoridades. También rechazó que el juez haya ordenado la liberación de Clark para ayudarlo a evadir la justicia.
¿Por qué Estados Unidos acusa al juez Luis Benítez?
La acusación estadounidense está relacionada con el proceso de extradición de Andrew Clark, quien fue detenido en México en octubre de 2024 por cargos de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato en Estados Unidos.
En ese momento, Benítez Alcántara se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y estaba a cargo de supervisar el procedimiento de extradición del ciudadano canadiense. Washington solicitó formalmente su entrega en noviembre de 2024.
Sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y en cantidades pequeñas para conseguir su liberación. La fiscalía sostiene que alrededor de 2 millones de dólares de ese monto estaban destinados al juez.
El señalamiento central es que el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que Benítez habría recibido el pago completo, concedió una garantía económica a Clark y ordenó su salida de prisión.
El canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y asesinato. Su proceso penal permanece pendiente en ese país.
Los nueve cargos que enfrenta en Estados Unidos
El Departamento de Justicia informó que Benítez fue acusado mediante una segunda acusación formal presentada ante un gran jurado federal. El documento contiene nueve cargos de complicidad posterior al delito, una figura que contempla ayudar a una persona después de que cometió un delito para obstaculizar o impedir su detención, juicio o castigo.
La fiscalía estadounidense sostiene que el juez utilizó su posición para facilitar la liberación de Clark, a quien identifica como una figura importante dentro de la organización criminal encabezada presuntamente por Ryan Wedding.
Si Benítez es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo, según la información oficial del Departamento de Justicia. Se trata de las sanciones máximas previstas y no de una condena dictada en su contra.
Estados Unidos anunció que solicitará formalmente su extradición desde Colombia para que enfrente el proceso en el Distrito Central de California.
¿Qué respondió la defensa del juez mexicano?
El abogado Miguel González Sánchez negó que Benítez haya ordenado la liberación de Andrew Clark con la intención de que se sustrajera de la justicia. En su postura, la decisión del juez se tomó conforme a derecho y dentro del marco de la legalidad.
También sostuvo que su cliente está dispuesto a atender los requerimientos de las autoridades, siempre que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
La defensa cuestiona que las posibles responsabilidades relacionadas con el ejercicio de un cargo judicial mexicano sean determinadas por autoridades de otro país. Por ello, pidió que el asunto sea definido en México, aunque el juez permanece detenido en Colombia a la espera de que avancen los procedimientos relacionados con su posible extradición.
Hasta el momento, esta postura no significa que las autoridades colombianas hayan rechazado la solicitud estadounidense ni que exista una resolución definitiva sobre el país donde será procesado.
México también abrió una investigación contra Luis Benítez
El caso también generó una respuesta institucional en México. El Tribunal de Disciplina Judicial informó que abrió una investigación de oficio por los hechos atribuidos a Benítez Alcántara, luego de conocerse su detención y los señalamientos de las autoridades estadounidenses.
El organismo agregó que el juez tenía otras cuatro investigaciones en curso relacionadas con su desempeño, aunque aclaró que no estaban vinculadas con el caso que derivó en su arresto en Colombia.
Por ahora, el procedimiento disciplinario en México y la acusación penal en Estados Unidos son procesos distintos. El primero busca revisar posibles responsabilidades en el ámbito judicial mexicano; el segundo pretende llevar al juez ante un tribunal federal estadounidense por los nueve cargos que se le imputan.
La situación de Benítez dependerá de los procedimientos que se desarrollen en Colombia y de las decisiones que tomen las autoridades involucradas en la solicitud de extradición. Mientras tanto, la acusación de Estados Unidos y la respuesta de su defensa mantienen abierto el debate sobre dónde deberá enfrentar el proceso.
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