Demandan a Coco Robotics y Serve Robotics en Chicago por presunta recopilación de datos biométricos sin consentimiento mediante robots repartidores que escanean rostros y manos, mientras las empresas rechazan las acusaciones y crece el debate sobre la privacidad, la seguridad y el uso de inteligencia artificial en espacios públicos.
Los demandantes sostienen que las cámaras y los sensores LiDAR de los robots captaron información relacionada con la geometría de sus rostros y manos cuando se acercaron a los dispositivos para recoger sus pedidos.
CHICAGO, Estados Unidos.— Los robots autónomos que entregan comida y comestibles en las calles de Chicago enfrentan un nuevo cuestionamiento legal. Dos residentes presentaron demandas colectivas contra Coco Robotics y Serve Robotics, al acusar a ambas empresas de recopilar información biométrica de clientes sin informarles ni obtener su consentimiento.
Las demandas, presentadas por separado el 9 de octubre ante un tribunal del condado de Cook, en Illinois, señalan presuntas violaciones a la Ley de Privacidad Biométrica del estado, que establece obligaciones para las empresas que recopilan y utilizan determinados datos biométricos.
Los demandantes sostienen que las cámaras y los sensores LiDAR de los robots captaron información relacionada con la geometría de sus rostros y manos cuando se acercaron a los dispositivos para recoger sus pedidos.
El LiDAR es una tecnología que utiliza pulsos de luz láser para medir distancias y construir representaciones del entorno. Aunque se emplea en sistemas de navegación autónoma, las demandas cuestionan si los datos obtenidos por estos dispositivos pueden constituir información biométrica sujeta a las restricciones de la legislación estatal.
Coco Robotics y Serve Robotics rechazaron las acusaciones y aseguraron que sus sistemas no están diseñados para identificar a las personas.
Clientes denuncian que los robots escanearon sus rostros y manos
Uno de los demandantes es Mitchell Breidinger, residente del vecindario Near North Side, quien afirma que en septiembre de 2025 solicitó comestibles mediante DoorDash y que nunca eligió la opción de entrega con robot.
Según su demanda, el pedido fue asignado a un dispositivo de Coco Robotics. Cuando el robot llegó, Breidinger tuvo que acercarse para introducir un código y recoger sus productos.
El demandante sostiene que las cámaras del dispositivo captaron imágenes de su rostro, cabeza y manos, mientras que los sensores LiDAR registraron mediciones de su geometría. También afirma que un operador remoto pudo observar en tiempo real el video de la entrega.
La demanda señala que Coco no le proporcionó un aviso por escrito sobre la recopilación de información biométrica, no especificó durante cuánto tiempo conservaría esos datos ni obtuvo su consentimiento por escrito.
El segundo caso fue presentado por Barry Schain, residente de Lincoln Park, quien acusa a Serve Robotics de prácticas similares.
Schain afirma que recibió tres entregas mediante robots de la compañía. La más reciente, según su demanda, ocurrió el 4 de octubre, cuando un pedido de Uber Eats fue asignado a un robot pese a que él no había seleccionado esa modalidad de entrega.
Ambos demandantes sostienen que la información obtenida mediante cámaras y sensores se conserva para entrenar sistemas de inteligencia artificial (IA).
Acusan a las empresas de conservar y compartir datos
Las demandas también cuestionan el uso posterior de las imágenes y las mediciones recopiladas durante las entregas.
En el caso de Serve Robotics, la denuncia hace referencia a divulgaciones de la empresa sobre la concesión de licencias de conjuntos de datos de video y LiDAR a terceros para entrenar sistemas de inteligencia artificial.
Por su parte, la demanda contra Coco sostiene que la compañía ha compartido datos recopilados por sus robots con OpenAI y otras entidades externas.
Los demandantes afirman, además, que las mediciones biométricas se almacenan junto con información como nombres y direcciones, lo que podría vincular esos registros con personas identificables.
Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones presentadas ante el tribunal y no constituyen, por sí mismas, hechos acreditados judicialmente. Las empresas niegan que sus sistemas recopilen datos biométricos para identificar a clientes o transeúntes.
Coco Robotics y Serve rechazan las acusaciones
Coco Robotics calificó la demanda en su contra como una interpretación equivocada de su tecnología y aseguró que no ha recopilado datos biométricos en Chicago.
“Esta demanda malinterpreta fundamentalmente nuestra tecnología; no hemos recopilado datos biométricos en Chicago”, declaró un portavoz de la empresa, quien también señaló que el cumplimiento de las leyes de privacidad es una prioridad para la compañía.
El representante explicó que la información compartida por Coco corresponde a datos de navegación destinados a mejorar la seguridad de las aceras.
Como ejemplo, mencionó la colaboración con BlindSquare, una aplicación de navegación diseñada para personas ciegas o con baja visión, mediante la cual se proporciona información en tiempo real sobre peligros en las aceras.
El portavoz agregó que la empresa no comparte datos correspondientes al inicio o al final de los trayectos de entrega dentro de sus alianzas de intercambio de información.
Serve Robotics también negó las acusaciones. Un portavoz indicó que sus robots utilizan cámaras y sensores para desplazarse de manera segura por las aceras.
“Serve no utiliza esos datos para identificar a personas y nuestros sistemas no están diseñados para identificar a individuos ni crear perfiles biométricos”, sostuvo la compañía.
Ambas empresas anunciaron que se defenderán de las demandas.
¿Qué establece la Ley de Privacidad Biométrica de Illinois?
La Ley de Privacidad Biométrica de Illinois, conocida como BIPA por sus siglas en inglés, establece obligaciones para las entidades privadas que recopilan determinados identificadores e información biométrica.
Entre sus requisitos se encuentran proporcionar un aviso por escrito sobre la recopilación y la finalidad de los datos, obtener el consentimiento escrito correspondiente y establecer una política de conservación y destrucción de esa información.
La legislación contempla indemnizaciones legales de mil dólares por cada infracción negligente y de cinco mil dólares por cada infracción intencional o temeraria, además de otros posibles remedios previstos en la ley.
Los demandantes solicitan esas indemnizaciones y otras medidas de reparación. Sin embargo, la existencia de una demanda no implica que las empresas hayan sido declaradas responsables: corresponde al proceso judicial determinar si las prácticas denunciadas ocurrieron y si constituyen infracciones legales.
El caso plantea una cuestión relevante para el desarrollo de la robótica autónoma: hasta qué punto los datos que los dispositivos necesitan para navegar pueden considerarse información biométrica protegida cuando permiten obtener mediciones del cuerpo humano.
Chicago mantiene bajo supervisión el programa piloto de robots repartidores
Las controversias sobre privacidad se suman a las preocupaciones por seguridad, accesibilidad y uso del espacio público que han acompañado la expansión de los robots de reparto en Chicago.
La ciudad puso en marcha un programa piloto en 2022, durante la administración de la entonces alcaldesa Lori Lightfoot. Coco comenzó a operar a finales de 2024, mientras que Serve Robotics inició sus actividades en septiembre de 2025.
El programa está supervisado por el Departamento de Transporte de Chicago y el Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al Consumidor. Según la información proporcionada, su vigencia está prevista hasta mayo de 2027, salvo que el Concejo Municipal apruebe una extensión.
Entre las críticas al programa figuran los reportes de robots que bloquean aceras y cruces peatonales, dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad y generan inquietud por la grabación de peatones.
El residente de Lincoln Park Josh Robertson impulsó una petición para solicitar que la ciudad suspendiera el programa hasta que las autoridades publicaran datos de seguridad y accesibilidad, celebraran una audiencia pública y establecieran reglas más claras. De acuerdo con la información citada, la iniciativa había reunido más de cuatro mil 500 firmas hasta el mes anterior a la publicación de esos datos.
La oposición también se manifestó en el ámbito municipal. En febrero, el concejal Daniel La Spata rechazó planes para ampliar la presencia de los robots en gran parte de su distrito, después de que más de 83% de quienes respondieron a una encuesta en línea se opusieran firmemente a la expansión.
La ciudad también habilitó una línea telefónica para que los residentes reporten incidentes y presenten quejas relacionadas con estos dispositivos.
Choques y fallas reavivan las críticas
Los problemas de funcionamiento han contribuido al debate sobre la seguridad de los robots autónomos.
En marzo, un robot de Serve atravesó el vidrio de una parada de autobús en West Town y dejó fragmentos sobre la acera. Días después, un dispositivo de Coco chocó contra otra parada en Old Town. Ambas empresas señalaron que investigarían los incidentes y asumirían los costos de reparación.
En septiembre, un video en el que más de una docena de robots de Coco parecían rodearse entre sí y quedar atascados en una acera de Lincoln Park se difundió ampliamente en redes sociales, con cientos de miles de visualizaciones.
Las imágenes reavivaron las críticas sobre la capacidad de estos sistemas para operar de manera fiable en espacios públicos compartidos con peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.
Las compañías, por su parte, defienden los robots como una alternativa potencialmente más sostenible para las entregas de corta distancia, ya que pueden reducir ciertos desplazamientos en automóvil y contribuir a disminuir la congestión del tráfico.
Privacidad, accesibilidad y automatización, en el centro del debate
Las demandas contra Coco Robotics y Serve Robotics abren un nuevo frente en la discusión sobre el uso de sistemas autónomos en las ciudades. Además de su funcionamiento y sus efectos sobre el tránsito peatonal, ahora se cuestiona qué información pueden recopilar estos dispositivos, cómo la almacenan y bajo qué condiciones la comparten con terceros.
El resultado de los procesos judiciales podría contribuir a delimitar las obligaciones de las empresas de robótica cuando sus cámaras y sensores captan información de personas que no necesariamente eligieron interactuar con esos sistemas.
Por ahora, las acusaciones continúan pendientes de resolución judicial y las compañías niegan haber incurrido en las prácticas denunciadas. El caso mantiene abierta una pregunta central para el futuro de las entregas automatizadas: cómo aprovechar las ventajas de la tecnología sin comprometer la privacidad ni el derecho de las personas a utilizar las aceras de manera segura.
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