Condenan a periodista a pagar 20 mil euros a Rodolfo Sancho por afectar el honor del actor con declaraciones relacionadas con el caso de su hijo Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta
La resolución establece que algunas acusaciones sobre supuestas coacciones no fueron respaldadas con pruebas suficientes y ordena además publicar el fallo en el canal de YouTube
La batalla judicial entre Rodolfo Sancho y la periodista Esther Yáñez suma un nuevo capítulo, esta vez por declaraciones relacionadas con el caso de Daniel Sancho, hijo del actor y quien fue condenado en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.
El Juzgado de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, estimó parcialmente una demanda civil presentada por Rodolfo Sancho contra la periodista y determinó que deberá recibir 20 mil euros por una intromisión ilegítima en su derecho al honor. La sentencia todavía no es firme, ya que Yáñez decidió recurrirla ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
El origen de esta demanda está en unas declaraciones que Esther Yáñez realizó el 24 de enero de 2025 en canales de YouTube, relacionadas con un episodio surgido durante el proceso judicial de Daniel Sancho.
La periodista habló de supuestas coacciones de Rodolfo Sancho hacia Nilson Domínguez, una persona vinculada a ese procedimiento, y aseguró que el actor utilizaba “tácticas mafiosas”. También se refirió a él como “bufón” y cuestionó su capacidad cognitiva.
La jueza consideró que algunas de estas expresiones excedieron los límites de la libertad de expresión, especialmente aquellas en las que se atribuía al actor la comisión de un delito de coacciones.
Aunque la sentencia reconoce que Yáñez había recibido información de Nilson Domínguez y que no inventó el contenido de sus declaraciones, señala que la periodista no presentó pruebas de que se hubiera cometido el delito ni una resolución judicial que acreditara su existencia.
¿Por qué Rodolfo Sancho demandó a Esther Yáñez?
Rodolfo Sancho presentó la demanda civil el 7 de abril de 2025, reclamando inicialmente 40 mil euros por una supuesta vulneración de sus derechos al honor y a la intimidad.
El procedimiento es diferente de otra causa judicial relacionada con la difusión de una conversación privada de WhatsApp entre Rodolfo Sancho y Nilson Domínguez. Aquella conversación terminó circulando por internet y en espacios televisivos en los que trabajaba la periodista.
En ese primer caso, Sancho presentó una querella contra Esther Yáñez y Mediaset España por un supuesto delito de revelación de secretos. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid decretó en julio de 2025 el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.
El magistrado concluyó que no había quedado acreditado que Yáñez o Mediaset hubieran sustraído ilícitamente la información. Según el auto, fue el propio Nilson Domínguez quien proporcionó el material que posteriormente fue divulgado.
¿Cómo se establecieron los 20 mil euros?
Para fijar la indemnización, el juzgado tomó en cuenta la reiteración de las declaraciones y el alcance de los videos publicados en YouTube.
Uno de los videos alcanzó 22 mil 103 visualizaciones y otro registró 26 mil 794, mientras que los canales donde fueron difundidos contaban con 204 mil y 363 mil suscriptores, respectivamente.
Con estos elementos, la jueza fijó el daño moral en 20 mil euros, la mitad de los 40 mil euros reclamados inicialmente por Rodolfo Sancho.
La demanda también incluía comentarios de Yáñez en los que especulaba sobre la posibilidad de que el actor tuviera un problema hepático a partir de su tono de piel. La magistrada consideró esas declaraciones “innecesarias” y “desafortunadas”, pero determinó que no constituían una intromisión ilegítima en su intimidad.
Además del pago de la indemnización, Yáñez deberá cesar en conductas equivalentes, abstenerse de nuevas intromisiones ilegítimas en el honor de Sancho y publicar a su costa el encabezamiento y el fallo de la sentencia en su canal de YouTube.
La resolución es recurrible y Esther Yáñez ya decidió llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, por lo que el conflicto judicial todavía no ha terminado.
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