Un grupo señalado de lavar 2,3 billones de pesos del narcotráfico mediante empresas y criptomonedas terminó con cinco personas capturadas, 36 bienes asegurados y una investigación que abarca operaciones realizadas durante ocho años

Una investigación en Colombia terminó con la captura de cinco personas señaladas de participar en un grupo que habría lavado 2,3 billones de pesos colombianos relacionados con el narcotráfico mediante empresas, operaciones financieras y criptomonedas. Las autoridades también impusieron medidas sobre 36 bienes vinculados con el caso.

Según información de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, retomada por Infobae, los operativos se realizaron en Medellín, Antioquia, y Barranquilla, Atlántico, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y apoyo de la DEA. La investigación señala que las operaciones se habrían realizado entre 2018 y 2026.

Para dimensionar el monto desde México, los 2,3 billones de pesos colombianos equivalen aproximadamente a 12.6 billones de pesos mexicanos, tomando como referencia un tipo de cambio cercano a 0.00549 pesos mexicanos por cada peso colombiano. Esta conversión es únicamente orientativa y puede cambiar conforme se modifica el tipo de cambio.

¿Cómo habría operado el grupo?

La investigación apunta a que el dinero habría sido introducido al sistema financiero mediante nueve empresas y cuatro establecimientos comerciales que realizaban actividades relacionadas con ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.

Según los datos difundidos sobre el caso, algunas de estas compañías no contaban con una infraestructura o capacidad de operación que correspondiera con los montos que manejaban.

Los investigadores también detectaron diferencias entre estados financieros, movimientos bancarios y actividades declaradas, además de operaciones internacionales de alto valor y transferencias entre las propias empresas.

La hipótesis de las autoridades es que estas operaciones permitían mover los recursos y dificultar la identificación de su origen.

El dinero también habría pasado por criptomonedas

El esquema investigado no se habría limitado al uso de cuentas bancarias. Parte de los recursos habría sido manejada mediante activos digitales y billeteras virtuales.

Según la información reportada por El Heraldo, dentro de las operaciones detectadas aparecen movimientos con USDT, un activo digital cuyo valor busca mantener una relación con el dólar.

Los investigadores también identificaron transferencias con empresas relacionadas con organizaciones de narcotráfico sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).

La investigación señala que algunos de los recursos que ingresaban mediante el sistema financiero o los activos virtuales eran posteriormente convertidos en efectivo y retirados con rapidez.

Parte de ese dinero habría terminado en la compra de propiedades y vehículos de alta gama, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

¿Quiénes fueron capturados?

Las autoridades señalan a cinco personas por diferentes funciones dentro del grupo investigado.

Hugo Daniel Giraldo Santamaría es señalado como presunto líder y habría estado relacionado con la monetización, compensación y entrega del dinero.

Carolina María Giraldo, identificada como su esposa, habría participado en la administración de los recursos y en el manejo del grupo de empresas investigadas.

A Janeth Catalina Cano Santamaría se le atribuye presuntamente la coordinación de operaciones relacionadas con la canalización, dispersión y monetización de activos digitales.

Johan Mateo Ruiz Orijhuela habría utilizado billeteras digitales para ingresar, ocultar y convertir grandes cantidades de dinero.

Mientras tanto, Luis Andrés Ospina Ochoa habría participado en el movimiento y ocultamiento de recursos mediante las empresas bajo investigación.

Los cinco fueron capturados durante los procedimientos realizados en Medellín y Barranquilla.

Es importante señalar que estas personas son investigadas y señaladas por las autoridades. Su responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial correspondiente.

También aseguraron armas durante los operativos

Durante los allanamientos, las autoridades localizaron seis armas de fuego, de las cuales cuatro no contaban con permiso de porte, según la información difundida sobre el operativo.

Estos elementos fueron incorporados a las diligencias realizadas como parte de la investigación.

¿Qué bienes fueron afectados por la investigación?

Además de las capturas, las autoridades actuaron sobre bienes que presuntamente estarían relacionados con los recursos investigados.

De acuerdo con Caracol Radio, fueron ocupados tres inmuebles ubicados en Envigado y Barranquilla, con un valor cercano a 2 mil 500 millones de pesos colombianos.

También fueron impuestas medidas cautelares sobre otros 36 bienes, entre ellos cuatro propiedades, 19 vehículos, nueve empresas y cuatro establecimientos comerciales ubicados en Medellín y Envigado.

El valor preliminar de estos activos supera los 10.2 millones de dólares, según los reportes sobre la investigación.

Al convertir esa cantidad a moneda mexicana, representa aproximadamente 173 millones de pesos mexicanos, tomando como referencia un tipo de cambio cercano a 16.97 pesos mexicanos por dólar.

Una investigación que abarca ocho años

El caso comprende operaciones que presuntamente se realizaron durante ocho años, desde 2018 hasta 2026.

La investigación busca determinar cómo fueron incorporados, movilizados y convertidos los recursos que las autoridades relacionan con actividades de narcotráfico, así como el papel que habría desempeñado cada una de las personas capturadas.

El caso también muestra una de las formas en que las investigaciones de lavado de dinero siguen el recorrido de los recursos a través de empresas, cuentas bancarias, operaciones internacionales y activos digitales.

Por ahora, los señalamientos corresponden a una investigación en curso. Las personas capturadas conservan su derecho a la presunción de inocencia mientras las autoridades y los tribunales determinan su situación jurídica.