Estados Unidos atacó 68 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en un año y ahora la ONU le exige investigaciones y rendición de cuentas por posibles ejecuciones ilegales
Expertos de la ONU rechazan los argumentos legales de Washington sobre los ataques letales que han dejado a 223 personas sin vida.
Una vez más la comunidad internacional ha puesto su mirada en las operaciones militares que Estados Unidos realiza en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico. Este martes, un grupo de expertos de las Naciones Unidas exigió al gobierno estadounidense detener lo que calificaron como “asesinatos en el mar”, luego de documentar al menos 223 muertes en ataques aéreos contra embarcaciones durante el último año.
La información fue dada a conocer a través del sitio oficial de la ONU, en el que se detalla que, desde el 2 de septiembre de 2025, el Ejército de Estados Unidos ha atacado un total de 68 barcos en alta mar, con un saldo fatal en la mayoría de los casos y personas desaparecidas en otros.
La postura de los expertos es contundente: rechazan los argumentos jurídicos presentados por Washington, que justifica las operaciones alegando que las naves transportaban drogas para organizaciones consideradas terroristas por su legislación interna. Para los especialistas, la respuesta militar no tiene cabida en el derecho internacional y vulnera de manera grave el derecho a la vida.
El derecho a la vida, por encima de cualquier argumento
Los expertos de la ONU fueron enfáticos al señalar que el derecho internacional no permite ejecutar a presuntos delincuentes en el mar, del mismo modo que un policía no puede disparar a matar contra una persona en las calles de Estados Unidos sin un proceso legal.
Estas muertes sistemáticas vulneran gravemente la obligación fundamental de respetar el derecho a la vida”, afirmaron.
Uno de los puntos clave que se abordaron es la diferencia entre la aplicación de la ley y un conflicto armado.
A juicio de los especialistas, la lucha contra el narcotráfico debe manejarse como un asunto de policía y justicia, no como una guerra. Además, descartaron que exista un enfrentamiento militar entre dos partes que justifique el uso de la fuerza letal.
¿Por qué Estados Unidos no puede alegar legítima defensa?
Estados Unidos ha buscado ampararse en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para defender sus acciones. Este artículo permite la legítima defensa en caso de un ataque armado contra un miembro de la ONU. Sin embargo, los expertos rechazaron esa posibilidad de manera explícita.
Su explicación es clara: los cárteles de la droga y las bandas criminales no están realizando ataques armados contra territorio estadounidense. Por lo tanto, no se puede invocar esa figura jurídica.
La fuerza letal, según el derecho internacional de los derechos humanos, solo está permitida en defensa propia o de otras personas, y únicamente cuando sea estrictamente necesaria y proporcional para detener una amenaza inminente contra la vida. En este caso, los expertos señalaron que Estados Unidos no ha alegado la existencia de una amenaza de ese tipo.
Ejecuciones sin proceso legal y la omisión del rescate
Los expertos calificaron las muertes por las operaciones como ejecuciones extrajudiciales e ilegales ante la falta de una base legal del uso de fuerza letal. Los presuntos narcotraficantes no son combatientes, por lo que no pueden ser tratados como objetivos militares.
Además, recordaron que las propias autoridades estadounidenses han indicado que optan por no interceptar las embarcaciones, a pesar de tener la posibilidad, y en su lugar prefieren utilizar ataques directos.
Esta decisión es particularmente grave porque el derecho a la vida no solo prohíbe matar de manera arbitraria, sino que también obliga a los Estados a tomar medidas rápidas para buscar, rescatar y brindar asistencia médica a las personas que queden en peligro tras este tipo de operaciones. Al no hacerlo, Estados Unidos incumple también con esas obligaciones, según los expertos.
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Delitos contra la seguridad marítima y responsabilidades
Otro aspecto que preocupa a los especialistas es que estos ataques podrían constituir delitos contra la seguridad marítima. Esto abre la puerta a que otros países investiguen y procesen a los responsables, incluidos mandos militares y civiles.
También señalaron que varias embarcaciones adicionales han desaparecido en circunstancias sospechosas, lo que refuerza la necesidad de una investigación pronta e imparcial.
Los expertos exigen:
- Investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre todas las presuntas violaciones al derecho a la vida.
- Rendición de cuentas
- Que las víctimas y sus familias reciban una reparación integral, que incluya compensación y garantías de no repetición.
El llamado a otros países y las alternativas al uso militar
El comunicado también incluye un llamado a otros Estados para que no colaboren en posibles violaciones al derecho a la vida, ya sea compartiendo inteligencia o poniendo recursos militares a disposición de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, los expertos reconocen que la violencia organizada vinculada al narcotráfico representa una amenaza real para la seguridad y la vida de las personas. Sin embargo, insisten en que la respuesta debe respetar plenamente el marco legal internacional.
Para ello, proponen alternativas concretas:
- Fortalecer la cooperación judicial y policial
- Controlar las armas
- Prevenir el crimen organizado y el consumo de drogas mediante políticas de salud pública, educación y desarrollo.
Una postura firme desde el derecho internacional
En resumen, la posición de los expertos de la ONU es inequívoca: el uso de la fuerza militar contra embarcaciones en aguas internacionales, sin una amenaza inminente comprobada y sin un proceso legal, constituye una violación grave a los derechos humanos.
Las 223 muertes documentadas no son un número frío, sino vidas que, según los especialistas, fueron arrebatadas sin justificación.
El llamado a Estados Unidos es claro: detener los ataques, investigar los hechos y asumir la responsabilidad que el derecho internacional exige. Mientras tanto, la comunidad internacional observa y espera que el respeto a la vida prevalezca por encima de cualquier otra consideración.
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