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A diez años del fallo que negó sus reclamos sobre el Mar del Sur de China, el gobierno de Pekín vuelve a enfrentar la presión de 14 naciones que exigen su cumplimiento

Filipinas, Japón y Estados Unidos lideran el bloque que califica la sentencia como definitiva y vinculante, mientras China insiste en que el fallo es ilegal y no tiene validez.

A diez años del fallo que negó sus reclamos sobre el Mar del Sur de China, el gobierno de Pekín vuelve a enfrentar la presión de 14 naciones que exigen su cumplimiento

China reiteró este domingo su rechazo al fallo emitido hace una década por un tribunal arbitral internacional que desestimó sus reclamaciones territoriales sobre el Mar del Sur de China, según NHK.

La postura del gobierno de Pekín se dio en respuesta a un llamado conjunto de 14 países, encabezados por Japón y Estados Unidos, quienes renovaron su petición para que la nación asiática acepte la decisión, a la que califican como “final, legalmente vinculante y definitiva”.

La disputa, que involucra a varias naciones de la región y que fue llevada ante el tribunal por Filipinas, vuelve a ser tema central en la agenda diplomática internacional.

Mientras un grupo de países exige el respeto al fallo, China insiste en que se trata de un tema de soberanía que no está sujeto a negociación bajo los términos de aquella sentencia.

El incidente pone de manifiesto las tensiones persistentes en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y la divergencia de posturas entre las potencias regionales y globales sobre la aplicación del derecho internacional.

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¿Qué pasó este domingo?

Este domingo, 14 países, entre los que se encuentran Japón, Estados Unidos y Filipinas, emitieron un comunicado conjunto en el décimo aniversario del fallo del tribunal arbitral.

En este documento, las naciones reafirmaron que la decisión de 2016, que desestimó las reclamaciones de China sobre casi la totalidad del Mar del Sur de China, es “final, legalmente vinculante y definitiva”.

En su declaración, los 14 países también manifestaron su “firme oposición a cualquier acción unilateral o desestabilizadora que amenace la paz y la estabilidad en la región”, así como el uso de fuerzas de seguridad, militares o marítimas para acosar, obstruir o intimidar las operaciones legítimas de otros Estados en el mar o en el aire.

¿Cuál fue la respuesta de China?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió el mismo domingo un comunicado en respuesta a esta declaración conjunta. En él, el gobierno chino calificó el laudo arbitral como “nada más que un pedazo de papel inservible”, argumentando que es “ilegal y no tiene fuerza vinculante”.

La cancillería china afirmó que su soberanía territorial e intereses marítimos en el Mar del Sur de China no se verán afectados por esta decisión y reiteró su oposición a cualquier reclamo o acción que se base en el laudo.

Adicionalmente, Pekín publicó otro comunicado para rechazar y condenar las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, quien señaló que la negativa de China a aceptar la decisión “socava el estado de derecho en la comunidad internacional”.

¿Qué postura tomaron los 14 países en su comunicado?

Los países firmantes del comunicado conjunto, que incluye a naciones como Japón, Estados Unidos y Filipinas, no solo reiteraron el carácter vinculante del fallo, sino que también señalaron que la decisión del tribunal establece que “no existe base legal para las amplias reclamaciones marítimas de China”.

El grupo también renovó su llamado para que Pekín acepte el fallo, subrayando su preocupación por las actividades en la región que consideran una amenaza para la estabilidad.

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¿Qué se sabe sobre el fallo original de 2016?

En 2016, el tribunal arbitral internacional, ante el caso presentado por Filipinas, dictaminó que las reclamaciones de China sobre casi la totalidad del Mar del Sur de China carecían de base legal y contravenían el derecho internacional.

Desde entonces, el gobierno de Pekín ha rechazado sistemáticamente la sentencia, insistiendo en su postura de que el tribunal no tenía jurisdicción sobre el asunto.

El fallo de 2016 es el eje central de la controversia actual, y su décimo aniversario fue la ocasión que los 14 países aprovecharon para renovar su exigencia.

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