Abogado de “El Chapo” anunció que enviará a EEUU información sobre 32 funcionarios de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, sin revelar nombres ni presentar pruebas públicas
Gerardo Rincón Flores afirmó que algunas de las personas continúan en funciones y que entregará los datos a autoridades estadounidenses, aunque no precisó cuándo, ante qué agencia ni mostró documentos que respaldaran sus señalamientos
El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México, Gerardo Rincón Flores, anunció que enviará a autoridades de Estados Unidos información sobre 32 funcionarios que, según sus afirmaciones, tendrían presuntos vínculos con el narcotráfico durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Durante la entrevista en la que hizo el anuncio no reveló nombres ni presentó pruebas públicas.
La información fue publicada originalmente por Infobae, con base en declaraciones del litigante en el programa Me Lo Dijo Adela, conducido por Adela Micha. Rincón Flores sostuvo que la información que prepara ampliaría una lista previa de diez personas, pero no precisó cuándo realizará la entrega ni qué autoridad estadounidense recibiría los datos.
“De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, declaró el abogado de Joaquín Guzmán Loera durante la conversación.
Hasta el momento de la publicación de la información, no se conocían públicamente las identidades de las 32 personas mencionadas. Tampoco existía confirmación de que los datos anunciados hubieran sido entregados a una agencia de Estados Unidos o incorporados a una investigación formal.
¿Qué dijo el abogado de “El Chapo” sobre los 32 funcionarios?
Gerardo Rincón Flores aseguró que la información abarcaría a personas relacionadas con las administraciones federales de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, y de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2024.
El abogado afirmó que algunas de las personas señaladas seguirían en funciones públicas, mientras que otras ya no ocuparían cargos o tendrían licencia. Sin embargo, no identificó a ninguna durante la entrevista ni explicó qué hechos concretos atribuiría a cada una.
“Entre Peña Nieto y Andrés Manuel, aunque lo nieguen, había gente. No sé si te has fijado que mucha gente que estaba con un gobierno ahora está con el otro”, sostuvo el representante legal.
Rincón Flores también señaló que habría dos personas que, según su versión, tendrían un papel central dentro de la información que pretende entregar.
“Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”, expresó.
El litigante no reveló quiénes serían esas dos personas ni presentó durante la emisión elementos que permitieran verificar su afirmación.
¿La información sobre los 32 funcionarios ya fue entregada a EEUU?
No. Hasta el momento de la publicación consultada, no existía confirmación pública de que la información hubiera sido entregada a Estados Unidos.
El abogado habló de una acción que realizaría en el futuro, pero no dio una fecha, no identificó a la dependencia estadounidense que recibiría los datos y tampoco explicó el procedimiento mediante el cual los presentaría.
Esta diferencia es relevante para entender el alcance del caso. El anuncio de una futura entrega de información no significa que las personas mencionadas estén bajo investigación, hayan sido acusadas formalmente o tengan responsabilidad acreditada.
Para que el caso avance al terreno jurídico sería necesario conocer si el material es efectivamente presentado, qué documentos contiene, qué autoridad lo recibe y si existe una determinación oficial para revisar los señalamientos.
¿Se conocen los nombres de los presuntos involucrados?
No. Gerardo Rincón Flores no hizo públicos los nombres de las 32 personas a las que se refirió.
Tampoco precisó cuáles serían sus cargos, las dependencias en las que habrían trabajado o los hechos específicos que supuestamente relacionarían a cada una con actividades criminales.
Por ello, los señalamientos deben atribuirse exclusivamente al abogado de “El Chapo” Guzmán y no pueden presentarse como hechos comprobados.
La información disponible tampoco permite establecer si existe alguna investigación en México o Estados Unidos relacionada específicamente con las personas mencionadas por el litigante.
El abogado aseguró que algunas de las personas continúan en funciones
Uno de los puntos con mayor alcance de las declaraciones fue la afirmación de que algunas de las personas que aparecerían en la información seguirían dentro de la administración pública.
Rincón Flores sostuvo que habría perfiles que permanecieron en funciones a pesar del cambio entre los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador.
No obstante, al no revelar las identidades, no es posible verificar qué personas ocuparían actualmente cargos públicos ni determinar si existe algún procedimiento oficial en su contra.
La permanencia de una persona en diferentes administraciones tampoco constituye, por sí misma, una prueba de participación en actividades ilícitas.
Cualquier posible responsabilidad tendría que establecerse mediante investigaciones, pruebas y resoluciones de las autoridades competentes.
Gerardo Rincón Flores también rechazó cartas atribuidas a “El Chapo”
Durante la entrevista, el abogado abordó la circulación de documentos supuestamente escritos por Joaquín Guzmán Loera.
Rincón Flores aseguró que las cartas son falsas y argumentó que su cliente no escribe en inglés ni utiliza la firma de “El Chapo”.
El litigante también mencionó a Mariel Colón, integrante del equipo legal de Guzmán Loera en Estados Unidos, al hablar sobre el manejo jurídico internacional del caso.
La autenticidad de un documento atribuido a una persona privada de la libertad requiere elementos verificables sobre su origen, registro, firma y cadena documental.
Por ello, las declaraciones de la defensa representan su postura sobre los documentos y no sustituyen una eventual validación judicial o pericial.
¿Qué amenazas denunció el abogado de Joaquín Guzmán?
En otro momento de la entrevista, Gerardo Rincón Flores aseguró haber sido víctima de amenazas, atentados y actos de intimidación.
El abogado mencionó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al responsabilizar públicamente a autoridades en caso de que algo le ocurriera.
“Si alguna cosa llega a pasarme, responsabilizo a la FGR, a García Harfuch y a este grupo de gobierno”, declaró.
Las acusaciones corresponden a señalamientos realizados por el litigante. Según la información publicada por Infobae, hasta ese momento ninguna autoridad federal había emitido una postura oficial sobre esas declaraciones.
La ausencia de una respuesta oficial no confirma las acusaciones ni permite establecer responsabilidad de las personas o instituciones mencionadas.
¿Cuál es la situación judicial de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Estados Unidos?
Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años de prisión por el juez federal Brian M. Cogan, después de haber sido declarado culpable de los diez cargos presentados en su contra.
De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, el jurado emitió el veredicto el 12 de febrero de 2019, después de un juicio de aproximadamente tres meses.
Los cargos estuvieron relacionados, entre otros delitos, con una empresa criminal continua, narcotráfico, uso de armas y conspiración para lavar dinero. El tribunal también ordenó un decomiso por 12 mil 600 millones de dólares.
El proceso judicial de Guzmán Loera continúa generando declaraciones y movimientos de sus equipos legales en México y Estados Unidos.
¿Qué tendría que pasar para que la supuesta lista tenga consecuencias legales?
La posible entrega de una lista de 32 funcionarios no establecería por sí misma responsabilidades penales.
El primer paso sería confirmar que Gerardo Rincón Flores presenta efectivamente la información ante una autoridad. Después tendría que conocerse si los datos incluyen documentos, testimonios u otros elementos susceptibles de revisión.
Una autoridad competente tendría que determinar si existen bases para abrir una investigación.
Solo después de un proceso formal podrían establecerse posibles responsabilidades. La aparición de un nombre en información entregada por una persona no equivale a una acusación judicial ni a una sentencia.
Hasta ahora, el hecho verificable es que el abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán anunció que enviará a Estados Unidos información sobre 32 funcionarios de dos administraciones federales. Los nombres, las pruebas, la fecha de entrega y la posible recepción por parte de una autoridad continúan sin confirmación pública.
El seguimiento del caso dependerá de la presentación de documentación verificable y de cualquier pronunciamiento oficial que confirme la recepción o revisión de la información anunciada.
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