Un hacker de 22 años que robó datos bancarios de más de medio millón de personas atacando el sistema judicial de España aceptó ser condenado a dos años y siete meses de prisión tras confesar y devolver 863,000 euros obtenidos por la venta de esa información

España — Un joven de 22 años conocido en el mundo del cibercrimen como Alcasec aceptó este miércoles ser condenado a dos años y siete meses de prisión por haber robado los datos bancarios de más de 574,000 personas tras atacar el sistema informático del Consejo General del Poder Judicial de España en octubre de 2022. El acuerdo se cerró en un juicio celebrado ante la Audiencia Nacional, el tribunal español de mayor rango para delitos graves.

De acuerdo con lo reportado por El Mundo, la condena fue posible gracias a un acuerdo de conformidad con la fiscalía: Alcasec confesó los cargos de acceso ilegal a sistemas informáticos y descubrimiento y revelación de secretos, lo que llevó a la fiscal a rebajar su petición inicial de tres años de cárcel al aplicarle la atenuante de confesión voluntaria.

¿Cómo logró este joven hackear el sistema judicial de todo un país?

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El hacker Alcasec acepta 2 años y 7 meses de cárcel por robar más de medio millón de datos bancarios

La operación fue técnicamente elaborada y comenzó mucho antes del ataque. Según el relato de la fiscalía que quedará plasmado en la sentencia, Alcasec obtuvo un certificado digital robado perteneciente a la Dirección General de Tráfico de España, emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Con ese certificado logró conectarse a la red interna que comunica a todas las administraciones públicas españolas y acceder al Punto Neutro Judicial, la plataforma que centraliza datos de juzgados en todo el país.

Una vez dentro, creó una página falsa que simulaba ser el portal oficial de acceso judicial y la envió a distintos juzgados. Dos funcionarios introdujeron sus credenciales en esa página falsa sin advertirlo. Con esas claves, Alcasec realizó 438,099 consultas al servicio de cuentas bancarias ampliadas de la Agencia Tributaria española, extrayendo datos financieros de cientos de miles de ciudadanos.

¿Qué hizo con los datos robados y cuánto dinero generó?

Los datos, incluyendo información de personas de relevancia pública, fueron cargados en un portal propio llamado uSms, donde se pusieron a la venta. Las transacciones se realizaban mediante criptomonedas a través de la pasarela de pagos Plisio, dificultando el rastreo financiero.

El mayor comprador identificado fue uno de los otros dos acusados en el mismo juicio, quien invirtió más de 109,000 euros en adquirir esos registros con fines de lucro. Al momento de su detención, a Alcasec se le recuperaron 863,000 euros producto de la venta de datos robados, cantidad que también fue objeto de comiso en el acuerdo judicial.

¿Quiénes más fueron condenados en este caso?

Junto a Alcasec, otros dos acusados llegaron a acuerdos con la fiscalía en el mismo juicio. El primero, identificado como Daniel B.E., de 32 años, fue el que proveyó el certificado digital robado y aceptó dos años y dos meses como cooperador, frente a los cuatro años y cuatro meses que pedía originalmente la fiscalía. El segundo, Juan Carlos O.G., de 28 años y comprador principal de los datos, aceptó un año y tres meses por descubrimiento de secretos, reducidos desde los tres años y cuatro meses solicitados inicialmente. A este último le fueron incautadas además diversas armas en su domicilio, hallazgo que se investiga por separado.

¿Qué otros cargos enfrenta Alcasec más allá de este caso?

Este juicio resuelve solo una parte de los problemas legales del joven. Alcasec lleva un año en prisión preventiva por una causa distinta y de mayor escala: presuntamente lideró una red de ciberataques que se apoderó de datos sensibles de millones de ciudadanos españoles. Esa investigación continúa abierta.

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Fue detenido por primera vez en marzo de 2023, cuando tenía 19 años, y puesto en libertad provisional meses después tras comprometerse a colaborar con la justicia, compromiso que se materializó con la devolución de los 863,000 euros recuperados. En mayo del año siguiente fue detenido de nuevo, esta vez en el marco de la causa mayor.

La fiscal reconoció en la audiencia que la reducción de penas en los tres casos estuvo motivada por la colaboración activa de los acusados, quienes facilitaron claves y contraseñas durante la investigación, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos.