El gobierno de Donald Trump demanda a una diócesis católica en Nuevo México para expropiar tierras y construir el muro fronterizo

NUEVO MÉXICO, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un proceso legal contra la Diócesis Católica Romana de Las Cruces, en Nuevo México, con el objetivo de adquirir por la vía forzosa terrenos destinados a la ampliación del muro en la frontera con México.

La acción judicial activó un debate sobre la libertad religiosa, porque el predio en disputa alberga un santuario que recibe a decenas de miles de peregrinos cada año.

¿Qué busca el gobierno federal con esta demanda?

De acuerdo con la información presentada ante un tribunal federal, la administración pretende obtener aproximadamente 5.6 hectáreas en el condado de Doña Ana mediante el poder de expropiación forzosa.

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La intención oficial es utilizar esa franja de tierra para instalar:

• Vallas de seguridad.
• Sistemas de iluminación.
• Cámaras de vigilancia.

Estas estructuras se colocarían cerca de la base del Monte Cristo Rey, un punto geográfico y religioso de alto valor simbólico para la comunidad católica de la región.

El gobierno federal propuso un pago de 183 mil 71 dólares como compensación económica por los terrenos, una cifra que forma parte del procedimiento estándar en casos de expropiación.

La postura de la Diócesis y el valor espiritual del sitio

El monte Cristo Rey no es un terreno cualquiera, pues en su cima se encuentra una estatua de piedra caliza de Jesucristo de 8.8 metros de altura. Este monumento convirtió al lugar en un destino de peregrinación emblemático.

Los abogados de la diócesis expusieron ante el tribunal que el santuario recibe la visita de decenas de miles de personas al año y argumentaron una consecuencia directa de la obra fronteriza: la construcción de una barrera física interferiría con las actividades religiosas que se realizan en el sitio.

El caso quedó planteado como un conflicto legal entre la facultad del Estado para expropiar tierras por presuntas razones de seguridad nacional, y la protección constitucional al ejercicio libre de la religión.

Será un tribunal federal el que determine si procede la expropiación o si las objeciones de la diócesis logran frenar la intervención gubernamental en este punto específico del borde fronterizo.

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