Luego de que Claudia Sheinbaum negó la crisis de desaparecidos (más de 133 mil casos), la ONU advirtió por posibles crímenes de lesa humanidad en México y planteó llevar el caso a la Asamblea General

• México acumula cerca de 133 mil personas desaparecidas
• La ONU advierte posibles crímenes de lesa humanidad
• El Gobierno rechaza el informe y busca diálogo directo
• Colectivos denuncian falta de resultados
• Abogados piden cooperación internacional urgente

La crisis de personas desaparecidas en México volvió al centro del debate internacional tras un informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU que advierte posibles “crímenes de lesa humanidad” en el país.

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum marcó un nuevo capítulo de tensión con organismos internacionales, al rechazar el documento y cuestionar su validez.

La información fue difundida por la agencia Associated Press (AP) y retomada por diversos medios nacionales, como Reforma.

México

Gobierno de Sheinbaum cuestiona informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México y señala “falta de rigor” y omisión de avances institucionales recientes, defiende acciones desde 2018 y reformas impulsadas en 2025

Este cruce ocurre en un contexto crítico: México acumula cerca de 133 mil personas desaparecidas, una cifra que refleja una problemática de décadas, intensificada desde 2006.

Mientras el gobierno defiende sus acciones, organismos internacionales, colectivos de víctimas y asociaciones civiles insisten en que la magnitud del problema exige cooperación global, transparencia y resultados medibles.

¿Qué dijo la ONU sobre las desapariciones en México?

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), órgano vinculado a la ONU, señaló que existen “indicios fundados” de que en México se han cometido desapariciones forzadas de forma sistemática, lo que podría encuadrarse como crímenes de lesa humanidad.

Ante esto, el comité solicitó llevar el caso a la Asamblea General de la ONU para evaluar medidas internacionales que ayuden a:

• Prevenir nuevas desapariciones
• Investigar los casos existentes
• Sancionar a los responsables
• Erradicar este delito

El presidente del comité, Juan Pablo Albán, defendió el informe y aclaró que:

Las diferencias jurídicas, incluso políticas, son comprensibles… pero es fundamental preservar el respeto institucional”.

También precisó que el análisis no se limita a un periodo específico, sino que evalúa la evolución del problema hasta la actualidad.

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¿Por qué el Gobierno de México rechaza el informe?

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el documento por considerar que no refleja las acciones actuales del gobierno y que se basa en casos de años anteriores.

No fueron consideradas las acciones que hemos hecho… y los resultados los extrapolan hasta 2025”.

Además, la mandataria afirmó que el comité “no es de Naciones Unidas”, sino un grupo de expertos vinculado a ella, postura que fue refutada por el propio organismo.

México

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Como respuesta, anunció que su gobierno buscará diálogo directo con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México para exponer su posición.

¿El comité sí forma parte de la ONU?

Sí. De acuerdo con el propio presidente del CED, este organismo forma parte del sistema de Naciones Unidas, ya que:

• Surge de tratados internacionales aprobados por Estados miembros
• Sus integrantes son elegidos por esos mismos países
• Opera como mecanismo de supervisión en derechos humanos

El propio Albán subrayó que los expertos no pueden recibir presiones de ningún Estado, lo que garantiza su independencia.

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¿Qué dicen las víctimas y colectivos en México?

Mientras se da el debate político, las familias siguen enfrentando la falta de resultados.

Un caso reciente ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde familiares de víctimas desaparecidas desde 2018 denunciaron que:

A ocho años de distancia… no ha sido localizado ninguno de nuestros familiares”.

De las 54 víctimas vinculadas a un operativo de la Marina, 32 personas siguen desaparecidas, sin sentencias firmes contra los responsables.

¿Qué papel juega el crimen organizado en esta crisis?

El problema de desapariciones en México se agravó a partir de 2006, con la estrategia federal contra el crimen organizado. Desde entonces:

• Aumentaron las desapariciones vinculadas a grupos criminales
• Se detectaron centros de entrenamiento y exterminio
• Se hallaron fosas clandestinas en distintas regiones

Uno de los casos recientes más impactantes fue el del Rancho Izaguirre, en Jalisco, donde un colectivo denunció el hallazgo de restos humanos en un predio presuntamente usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Qué propone la Barra Mexicana de Abogados?

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió al gobierno evitar descalificaciones políticas y aceptar la cooperación internacional.

En su posicionamiento, encabezado por Ana María Kudisch, señalaron:

La respuesta institucional no debe centrarse en la descalificación política… sino en la colaboración”.

Entre sus propuestas destacan:

• Fortalecer los mecanismos de búsqueda
• Garantizar presupuesto y autonomía
• Mejorar la coordinación entre instituciones
• Proteger a familiares y colectivos
• Crear registros confiables y transparentes

Además, enfatizaron que la cooperación internacional no es injerencia, sino una oportunidad para fortalecer la justicia.

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¿Qué está haciendo el Gobierno actualmente?

El gobierno federal ha impulsado algunas acciones recientes:

• Reformas para agilizar procesos de búsqueda
• Revisión del registro nacional de desaparecidos
• Estrategias para atender el problema vinculado al crimen organizado

Sin embargo, organizaciones civiles han criticado estos cambios, señalando que carecen de sustento legal y no resuelven el problema de fondo.

La crisis de desapariciones no solo es un tema de seguridad, sino de derechos humanos, justicia y confianza institucional.

Hoy, el país enfrenta tres presiones simultáneas:

1. Internacional, por parte de la ONU
2. Social, desde colectivos y familias
3. Institucional, ante la exigencia de resultados

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La discusión no se limita a cifras. Se trata de miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos. La tensión entre el Gobierno y organismos internacionales podría escalar en los próximos meses, mientras la crisis sigue sin resolverse y las exigencias de justicia continúan creciendo.