Cilia Flores solicita desestimar su caso penal en Nueva York tras el bloqueo de fondos, argumenta que el no poder pagar a sus abogados desde Venezuela viola su derecho a una defensa justa

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El proceso judicial contra la cúpula del depuesto gobierno venezolano ha dado un giro inesperado en los tribunales de Estados Unidos. Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, solicitó formalmente a un juez federal de Nueva York que se desestime el caso penal en su contra, argumentando que las sanciones impuestas por el propio gobierno estadounidense le impiden pagar a sus abogados.

Esta petición se suma a la estrategia legal de su marido, tras la captura de ambos el pasado 3 de enero de 2026 en territorio venezolano. De acuerdo con los expedientes presentados ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la defensa sostiene que el bloqueo de fondos constituye una violación a los derechos constitucionales de la acusada, lo que pone en entredicho la continuidad del juicio más mediático de la década.

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¿De qué se acusa a Cilia Flores junto a su esposo, Nicolás Maduro?

Desde su traslado a Nueva York bajo custodia federal, la pareja enfrenta una serie de cargos graves relacionados con el tráfico internacional de ilícitos y armamento pesado. Según la fiscalía estadounidense, las acusaciones se dividen de la siguiente manera:

• Nicolás Maduro: Enfrenta cuatro cargos principales, destacando conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
• Cilia Flores: Se le vincula directamente con la operativa de su esposo a través de cuatro cargos: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y un cuarto por la posesión de las mismas.

El bloqueo de fondos por parte de la OFAC

La razón por la cual Cilia Flores pide anular el caso no reside en una prueba de inocencia inmediata, sino en un obstáculo financiero. Inicialmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó una licencia el 9 de enero para que el gobierno de Venezuela pudiera costear la defensa legal.

Sin embargo, el 28 de febrero, la misma oficina modificó la autorización, bloqueando cualquier pago o reembolso proveniente de Caracas. Flores presentó una declaración jurada donde asegura que carece de recursos personales propios y que depende totalmente del financiamiento estatal venezolano para cubrir los honorarios de su equipo legal.

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¿Se están violando sus derechos constitucionales?

Mark Donnelly, abogado defensor de Flores, calificó la revocación de la licencia como una posible “represalia” por parte del gobierno de EE. UU. La defensa argumenta que al impedir el flujo de dinero para pagar la asesoría legal, se está interfiriendo con el derecho a una defensa justa y a la libre elección de un abogado.

“De no desestimarse la acusación, solicitaré permiso para dejar de representar a Flores, ya que no puedo cobrar por mi trabajo”, advirtió Donnelly ante el juez Alvin Hellerstein.

El futuro de la ex primera dama de Venezuela está ahora en manos del juez Alvin Hellerstein. El magistrado deberá evaluar si el bloqueo de fondos realmente impide un juicio justo o si el Estado debe asignar defensores de oficio en caso de que los abogados privados se retiren.

Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya adelantó que se opondrá a la desestimación de los cargos, manteniendo su postura sobre la gravedad de los delitos imputados. Mientras tanto, ambos permanecen bajo estricta custodia en Nueva York a la espera de una sentencia firme.

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