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Guardia Costera de EEUU interceptó el buque Ocean Mariner con un cargamento superior a 120 millones de pesos por sospecha de desvío ilegal a Cuba y posible contrabando de diésel, mientras el FBI abre investigación por sanciones federales

El caso detonó una investigación federal en Estados Unidos para revisar si la operación vulneró sanciones vigentes contra Cuba y si el producto transportado era realmente fueloil o diésel subsidiado.

Guardia Costera de EEUU interceptó el buque Ocean Mariner con un cargamento superior a 120 millones de pesos por sospecha de desvío ilegal a Cuba y posible contrabando de diésel, mientras el FBI abre investigación por sanciones federales

El buque Ocean Mariner, con bandera de Liberia, salió de Colombia a inicios de febrero de 2026 con un cargamento de combustible valuado en USD 6,9 millones (equivalentes a más de 120 millones de pesos mexicanos y más de 25.000 millones de pesos colombianos), según los montos referidos en la operación. Días después fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos tras una alerta sobre un posible desvío ilegal hacia Cuba.

De acuerdo con información publicada por Infobae, con base en reportes del diario colombiano El Tiempo, el caso detonó una investigación federal en Estados Unidos para revisar si la operación vulneró sanciones vigentes contra Cuba y si el producto transportado era realmente fueloil o diésel subsidiado.

¿Por qué fue interceptado el Ocean Mariner?

El destino declarado en los documentos oficiales era República Dominicana. Sin embargo, autoridades estadounidenses emitieron una alerta ante la sospecha de que el cargamento pudiera desviarse hacia Cuba, país sujeto a sanciones económicas impuestas por Washington y reforzadas en esta administración del presidente Donald Trump.

Tras la intervención, el buque modificó su ruta y terminó descargando el combustible en Bahamas, donde fue vendido a la multinacional Trafigura Group.

¿Qué combustible transportaba y cuál es la duda central?

Según la documentación presentada ante autoridades colombianas, el producto exportado era fueloil, un combustible usado en generación eléctrica y maquinaria pesada.

No obstante, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Colombia sobre la posibilidad de que se tratara de diésel subsidiado, lo que podría configurar contrabando.

Esta diferencia es importante, ya que, si el producto fuera diésel subsidiado, implicaría posibles irregularidades económicas y fiscales, además de un eventual incumplimiento de sanciones internacionales.

¿Qué investiga el FBI y cuál es el alcance del caso?

El caso forma parte de un expediente reservado que revisa el FBI para determinar si la operación intentó evadir sanciones estadounidenses contra Cuba o si hubo irregularidades en la clasificación del combustible.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente el resultado del análisis de laboratorio realizado en Reficar, la refinería de Ecopetrol, que permitiría confirmar la naturaleza del producto.

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¿Qué papel jugaron las autoridades colombianas?

Antes de autorizar la salida del buque, participaron en el proceso:

  • La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)
  • La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)
  • Un funcionario de Ecopetrol

El 1 de febrero, el Ministerio de Minas y Energía envió una carta indicando que, conforme a la información técnica disponible, el cargamento correspondía a fueloil. También señaló que este producto está exento del régimen de estabilización del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), por lo que no requería autorización adicional.

La Dian determinó que no existían fundamentos legales para retener el barco y autorizó su salida.

¿Qué empresas aparecen en la operación?

En la negociación figuran al menos tres empresas:

  • ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS (vendedora)
  • Monarch Security Latin America Inc. (intermediaria)
  • Trafigura Group PTE Ltda. (compradora)

Se menciona una cuarta empresa cuyo nombre no ha sido revelado.

ISM sostuvo que la operación fue legal y que, bajo la modalidad Free On Board (FOB), su responsabilidad concluyó cuando el barco zarpó.

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El destino declarado en los documentos oficiales era República Dominicana. Sin embargo, autoridades estadounidenses emitieron una alerta ante la sospecha de que el cargamento pudiera desviarse hacia Cuba, país sujeto a sanciones económicas impuestas por Washington y reforzadas en esta administración del presidente Donald Trump.

¿Qué se sabe sobre el presunto intermediario?

El nombre de Felipe de la Vega Vergara surgió como posible intermediario en la operación, según fuentes citadas por el diario colombiano.

El empresario negó cualquier relación con la venta bajo sospecha y declaró:

No tengo idea de quién es o por qué me estén mencionando. Como ya manifesté, no fui yo quien intermedió esta venta ni tampoco ofrecí ese producto a ninguna otra compañía o comprador”.

También aseguró que no ha trabajado con países o productos sancionados.

En el contexto del caso volvió a mencionarse a Álex Saab, quien en el pasado fue investigado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, allegados indicaron que Saab no se encuentra detenido en el Helicoide de Caracas.

¿Cuál es la situación actual del caso?

Hasta ahora:

  • No se han presentado cargos públicos contra las empresas involucradas.
  • No se ha confirmado oficialmente que el producto fuera diésel subsidiado.
  • El análisis técnico del combustible sigue pendiente de conocerse.

Todos los empresarios señalados insisten en la legalidad de la operación y sostienen que ninguna autoridad les ha requerido explicaciones adicionales.

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El caso combina comercio internacional de combustibles, sanciones geopolíticas y supervisión aduanera. El elemento que definirá el rumbo de la investigación será la confirmación técnica sobre el tipo de combustible transportado y la determinación formal de las autoridades estadounidenses.

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