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Mientras el parlamento de Venezuela aprueba Ley de amnistía, Foro Penal aseguró que no servirá para eliminar el aparato represivo, además de ser considerada como una ley excluyente

La presidenta interina del país promulgó la ley tras su aprobación legislativa y afirmó que se trata de un proceso de reconciliación nacional.

Mientras el parlamento de Venezuela aprueba Ley de amnistía, Foro Penal aseguró que no servirá para eliminar el aparato represivo, además de ser considerada como una ley excluyente

VENEZUELA.- El Parlamento de Venezuela aprobó una amplia ley de amnistía que podría permitir la liberación de cientos de personas detenidas por motivos políticos.

La medida se presenta como uno de los movimientos más relevantes del actual escenario político del país y se da en un contexto de presión internacional y cambios en el gobierno.

La información se basa en declaraciones oficiales del Parlamento venezolano, pronunciamientos de autoridades, organizaciones de derechos humanos y reportes de prensa internacional, según The New York Times.

La presidenta interina del país promulgó la ley tras su aprobación legislativa y afirmó que se trata de un proceso de reconciliación nacional.

Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten que la norma tiene alcances limitados y podría dejar fuera a parte de la población encarcelada por motivos políticos.

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¿Qué establece la nueva ley de amnistía en Venezuela?

La ley aprobada contempla la liberación de personas detenidas por hechos vinculados a conflictos políticos ocurridos desde 1999, año en que inició el gobierno de Hugo Chávez.

De acuerdo con el texto legislativo, la medida permitiría eliminar antecedentes penales y conceder beneficios legales a quienes cumplan con los supuestos establecidos.

Durante el acto de promulgación, la presidenta interina expresó:

“Hay que saber pedir perdón y hay que saber recibir perdón y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía”.

También solicitó revisar los casos que quedaron fuera de la norma, lo que podría derivar en futuras evaluaciones individuales.

¿Cuántos presos políticos podrían ser liberados?

Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 600 y 900 personas permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela.

La nueva ley podría beneficiar a una parte de este grupo, en especial a quienes fueron arrestados durante protestas y episodios específicos de conflictividad política.

Sin embargo, la norma no es general. Solo aplica a quienes fueron detenidos en determinados eventos considerados “sucesos de violencia por motivos políticos”. Esto incluye protestas masivas y episodios que se remontan a 1999 y años posteriores.

El politólogo Nicmer Evans advirtió que muchos detenidos podrían quedar fuera:

“Quedamos excluidos prácticamente todos los periodistas que hemos sido detenidos por nuestra opinión fuera de estos lapsos”.

¿Quiénes quedarían fuera de la amnistía?

La ley excluye a personas acusadas de promover o participar en acciones armadas o violentas. Organizaciones civiles señalan que este criterio podría aplicarse de forma amplia y dejar sin beneficio a algunos detenidos que consideran presos políticos.

Además, la norma establece que cada caso debe ser revisado por autoridades judiciales para confirmar si cumple con los requisitos de la amnistía. Activistas han expresado preocupación por la discrecionalidad de tribunales que han sido señalados por su falta de independencia.

Algunos especialistas proponen que una comisión independiente, con participación de organismos internacionales de derechos humanos, supervise la aplicación de la ley.

La advertencia de Foro Penal

El abogado Alfredo Romero, director de la organización de derechos humanos Foro Penal, advirtió que se trata de una norma “limitativa”, con efectos positivos para ciertos casos, aunque insuficiente para resolver de fondo la situación de los presos políticos, según El Mundo.

De acuerdo con declaraciones públicas de Romero y reportes de organizaciones de derechos humanos, la ley aprobada por el Parlamento venezolano podría beneficiar a un grupo de detenidos, pero deja fuera a muchas personas que también son consideradas perseguidas por razones políticas.

Romero señaló que la ley establece delitos específicos que no serán amnistiados, entre ellos homicidio intencional y corrupción. En términos jurídicos, esta exclusión es común en leyes de amnistía; sin embargo, el problema, según el especialista, es que algunos detenidos fueron acusados de esos delitos por motivos políticos.

“Por un lado, limita los delitos y, por otro, establece hechos específicos que son excluidos. Por ejemplo, homicidios intencionales o corrupción no entran en la ley… lo que en un principio estaría bien si no fuera porque las causas políticas no son justas”.

¿Por qué se considera una ley “limitativa”?

La principal crítica es que la norma no se aplica a todos los presos políticos. El texto legal establece condiciones específicas y deja en manos del sistema judicial la revisión de cada caso. Esto genera incertidumbre sobre cuántas personas podrán ser liberadas.

Romero sostuvo que la medida podría aliviar la situación de algunos detenidos, pero no modificar las estructuras que permitieron las detenciones:

“La amnistía no va a servir para eliminar el aparato represivo; sólo sirve como un paño caliente para beneficiar a algunos”.

¿A quiénes podría beneficiar la ley?

La ley podría aplicarse a personas detenidas por hechos vinculados a protestas o conflictos políticos específicos. En esos casos, el beneficio sería la liberación y la eliminación de antecedentes penales.

No obstante, organizaciones civiles advierten que el número total de presos políticos es mayor al que la ley podría cubrir. Foro Penal y otras agrupaciones estiman que aún permanecen detenidas cientos de personas por razones políticas en el país.

¿Qué dudas existen sobre su aplicación?

Uno de los puntos más señalados por especialistas es que la aplicación de la amnistía dependerá de decisiones judiciales caso por caso. Esto implica que cada expediente deberá ser revisado para determinar si cumple con los requisitos.

Activistas consideran que este procedimiento podría limitar el alcance de la ley o retrasar su implementación. También señalan que el sistema judicial venezolano ha sido cuestionado por su independencia.

¿Qué contexto político rodea la aprobación de la ley?

La aprobación ocurre en medio de cambios políticos relevantes en Venezuela y de presiones internacionales para impulsar reformas democráticas y económicas. Desde la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, se han registrado excarcelaciones y señales de ajustes en la política interna.

Más de 400 personas han sido liberadas en semanas recientes, según organizaciones civiles. También se han registrado protestas y concentraciones de estudiantes y familiares de detenidos que exigen la liberación total de los presos políticos.

Expertos de Naciones Unidas pidieron la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en el país.

¿Qué dicen organizaciones y expertos sobre la ley?

Algunos analistas consideran que la ley es un primer paso hacia la reconciliación política, pero insuficiente. La abogada y exlegisladora Delsa Solórzano señaló que la norma no elimina leyes que han sido usadas para perseguir a opositores.

El profesor Michael Penfold afirmó que la medida puede representar un avance:

“La amnistía es un primer paso en la dirección correcta para Venezuela”.

No obstante, persisten dudas sobre su implementación. Activistas temen que el gobierno pueda aplicar la norma de forma limitada o condicionar la liberación de algunos detenidos.

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¿Qué sigue tras la aprobación de la amnistía?

La ley ya fue promulgada y su aplicación dependerá de revisiones judiciales caso por caso. También permite que personas en el exilio soliciten el beneficio a través de sus abogados.

La evolución del proceso será clave para determinar cuántas personas recuperan la libertad y si se amplía el alcance de la norma. Mientras tanto, organizaciones civiles, familiares de detenidos y observadores internacionales continúan monitoreando la situación.

La aprobación de la ley abre un nuevo capítulo en el panorama político venezolano, pero su impacto real dependerá de cómo se aplique en los próximos meses.

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