Organizaciones civiles demandan a gobierno de Donald Trump por suspensión de visas a ciudadanos de 75 países

Nueva York, 2 de febrero de 2026. — Un grupo de organizaciones de derechos civiles presentó una demanda contra el Departamento de Estado en un tribunal federal de Manhattan, tras la suspensión del procesamiento de visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países, según información publicada por El Economista.

Los argumentos de la demanda

La acción legal fue encabezada por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, junto con otras organizaciones, en representación de ciudadanos estadounidenses y extranjeros afectados. Los demandantes sostienen que la política se basa en una afirmación “sin fundamento y demostrablemente falsa”, que señala que los nacionales de los países afectados emigran a Estados Unidos para beneficiarse de ayudas sociales y convertirse en “cargas públicas”.

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EEUU pausa de forma indefinida las visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países mientras revisa sus filtros y evita que nuevos solicitantes dependan de ayudas públicas; Rusia, Irán y Somalia están en la lista

Entre los casos expuestos se encuentra el de un endocrinólogo colombiano, quien había obtenido un visado laboral pero no puede recibirlo porque Colombia está incluido en la lista de países sujetos a la suspensión.

Alcance de la medida

La pausa afecta a solicitantes de países latinoamericanos como Brasil, Colombia y Uruguay, de los Balcanes como Bosnia y Albania, además de naciones del sur de Asia como Pakistán y Bangladesh, y otras regiones de África, Medio Oriente y el Caribe.

Cabe destacar que la política no aplica a los visados de visitante, lo que ha sido relevante en el contexto de eventos internacionales como el Mundial de futbol de este año y los Juegos Olímpicos de 2028.

Revisión interna del Departamento de Estado

De acuerdo con un cable interno citado por Reuters, el Departamento de Estado está realizando una “revisión completa” de sus políticas y directrices para garantizar “el más alto nivel de selección y control” en el otorgamiento de visados.

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El documento enviado a las misiones diplomáticas estadounidenses sostiene que los solicitantes de los 75 países afectados “corren un alto riesgo de convertirse en una carga pública” y de recurrir a los recursos de los gobiernos locales, estatales y federales de Estados Unidos.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios oficiales sobre la demanda.