El Departamento de Justicia afirma que no habrá nuevas imputaciones por el caso Epstein, tras revisar millones de documentos, legisladores advierten juicio político o desacato si faltan archivos

ESTADOS UNIDOS — El Departamento de Justicia de Estados Unidos no prevé presentar nuevos cargos penales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, pese a la reciente publicación de millones de documentos vinculados al agresor sexual convicto, de acuerdo con CNN.

Así lo afirmó el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, en una entrevista transmitida por CNN, donde explicó que el material divulgado ya fue revisado previamente por las autoridades federales.

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“No hay elementos para procesar a nadie”, sostiene el gobierno

Consultado en el programa State of the Union sobre si la nueva información podría derivar en imputaciones adicionales, Blanche fue claro al reiterar la postura oficial.

“No puedo hablar de investigaciones, pero diré lo siguiente: en julio, el Departamento de Justicia dijo que habíamos revisado los archivos, los archivos de Epstein, y no había nada allí que nos permitiera procesar a nadie”, declaró.

Añadió que los documentos están ahora disponibles para el público. “Todo el mundo puede mirarlos y ver si nos equivocamos”, dijo.

Ante la insistencia de la conductora Dana Bash sobre si información aportada por civiles podría reabrir el caso, Blanche reiteró que la revisión oficial ya abordó ese escenario. “La revisión que habíamos hecho antes concluyó que no existía ese tipo de información, y ahí nos mantenemos”, afirmó.

Material perturbador, pero insuficiente para imputaciones

Blanche reconoció que buena parte de los documentos es perturbadora, aunque subrayó que eso no basta para iniciar procesos penales.

“Hay mucha correspondencia, muchos correos electrónicos, muchas fotografías, incluso fotografías horribles que parecen haber sido tomadas por el señor Epstein o por personas de su entorno, pero eso no nos permite necesariamente procesar a alguien”, explicó.

El funcionario insistió en que el umbral legal para presentar cargos no se alcanza con el contenido actualmente disponible.

El Congreso presiona por la liberación total de los archivos

En paralelo, legisladores federales advirtieron que podrían avanzar con un juicio político o con procedimientos por desacato contra la secretaria de Justicia, Pam Bondi, si consideran que el Departamento de Justicia no ha cumplido plenamente con la liberación de los archivos del caso Epstein.

El representante demócrata Ro Khanna señaló que él y el legislador republicano Thomas Massie, coautores de la ley que obliga a divulgar los documentos, están preparados para avanzar si no quedan satisfechos.

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“La publicación es significativa, pero no suficiente”

En entrevista con NBC News, Khanna calificó como “significativa” la publicación de más de tres millones de páginas de documentos realizada el viernes, pero advirtió que no es suficiente.

El congresista explicó que solicitaron una revisión sin tachaduras, al considerar que parte de la información clave sigue oculta. También dijo que espera reunirse con Todd Blanche, a quien describió como “abierto a explicar por qué se hicieron las tachaduras”.

Sin embargo, fue enfático al marcar un límite. Si el Congreso no obtiene acceso al material restante y las sobrevivientes del caso no quedan satisfechas, advirtió que están “preparados para avanzar con un juicio político o por desacato”.

Qué es el desacato inherente y por qué es poco común

El desacato inherente es un mecanismo mediante el cual el Congreso puede ordenar al sargento de armas de la Cámara de Representantes o del Senado detener o encarcelar a una persona hasta que cumpla con una exigencia legislativa.

Se trata de un procedimiento extremadamente raro, que no se ha utilizado en tiempos modernos, lo que hace incierto que esta vía prospere, aun cuando la presión política aumente.

Un caso que sigue abierto en lo político, no en lo penal

Aunque el Departamento de Justicia sostiene que no existen bases legales para nuevas imputaciones en el caso Epstein, el debate sigue activo en el Congreso y en la opinión pública. La liberación parcial de documentos reavivó cuestionamientos sobre transparencia, responsabilidades pendientes y el alcance real de la revisión oficial, un tema que, por ahora, permanece abierto en el terreno político, aunque cerrado en el ámbito penal.

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