Donald Trump opera bajo un “memorandum secreto” de EEUU que ya permite los ataques letales contra cárteles “narcoterroristas” en el Caribe o el Pacífico y los legaliza bajo la consigna de “actos de guerra”, aunque expertos legales detectan irregularidades en el documento
Un documento interno del Departamento de Justicia explica cómo el gobierno de Trump justificó ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico al declarar un supuesto conflicto armado.
WASHINGTON.- Un memorándum secreto del Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó la legalidad de los ataques letales que el presidente Donald Trump ha ordenado en altamar contra embarcaciones presuntamente vinculadas a cárteles de la droga.
De acuerdo con el New York Times, este documento, de más de 40 páginas y elaborado por la Oficina de Asesoría Legal (OLC), se basa en la premisa de que Estados Unidos y sus aliados se encuentran en un “conflicto armado” contra los cárteles narcoterroristas, según personas que han tenido acceso a su contenido.
Dicho memorándum ha sido decisivo para autorizar una campaña militar que, hasta ahora, ha dejado 80 personas muertas en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, y que enfrenta fuertes acusaciones de exceder los límites del derecho internacional humanitario.
¿Qué dice el memorándum secreto?
Una justificación basada en la noción de “guerra”
El documento parte de una larga lista de afirmaciones presentadas por la Casa Blanca, entre ellas:
- Que los cárteles “intentan deliberadamente matar estadounidenses”.
- Que buscan desestabilizar el hemisferio occidental.
- Que operan como organizaciones terroristas cuya venta de narcóticos financia la violencia.
El memorándum, según quienes lo leyeron, afirma que Trump tiene autoridad legal para determinar que EE.UU. y sus aliados “se encuentran en un estado formal de conflicto armado con cárteles de la droga narcoterroristas”, y desarrolla todo su razonamiento sobre esa base.
Ataques como actos de guerra
Bajo esta lógica, el memorándum sostiene que:
- Las embarcaciones con narcóticos pueden ser consideradas objetivos militares legítimos.
- Su destrucción impediría que los cárteles generen ingresos usados para adquirir equipo militar.
- Los involucrados en los ataques, desde funcionarios hasta tropas, gozarían de inmunidad de combate, siempre que actúen bajo órdenes que cumplan con las leyes de la guerra.
Una sección final del documento proporciona posibles defensas legales en caso de que algún fiscal intente imputar responsabilidades por los asesinatos ocurridos en la operación.
¿Por qué el documento es polémico?
Amplios sectores de especialistas en derecho internacional han cuestionado que exista un “conflicto armado” con cárteles de la droga, señalando:
- Que los cárteles no son actores militares organizados como los contemplados en las leyes de guerra.
- Que los ataques ocurren sin amenaza inmediata contra fuerzas estadounidenses.
- Que se trata de ejecuciones extrajudiciales presentadas como operaciones militares.
El gobierno, sin embargo, ha ofrecido muy pocos detalles públicos de su análisis jurídico.
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Conexiones débiles entre narcotráfico y guerra
Aunque el memorándum cita afirmaciones como que los cárteles provocan “decenas de miles de muertes” al año en Estados Unidos, no aborda que el incremento de sobredosis se debe principalmente al fentanilo, y no a la cocaína sudamericana.
Tampoco establece cómo un cargamento específico de droga constituye un “objetivo militar legítimo”.
El exabogado del Departamento de Estado Brian Finucane señaló:
Sería difícil demostrar que la carga de estos buques constituía un objetivo militar según el derecho de la guerra, ya que no existe una conexión evidente entre un envío de drogas y una acción militar por parte de estos supuestos grupos”.
¿Qué ataques ha realizado Estados Unidos? Una operación marítima desde septiembre
Desde el 2 de septiembre, el ejército estadounidense ha atacado 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.El gobierno afirma que todas transportaban narcóticos, pero no ha presentado pruebas concretas.
En septiembre, notificó al Congreso que Trump había “determinado” que EE.UU. está en un conflicto armado no internacional, lo que permitió tratar a las personas muertas en los barcos como “combatientes”.
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Un ataque controvertido contra el ELN
Uno de los ataques, anunciado el 19 de octubre, se dirigió contra un cargamento presuntamente vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).Sin embargo, el presidente de Colombia exigió a EU detener estas acciones, calificándolas de “asesinatos”.
¿EEUU actuó solo o a petición de otros países?
Aunque el memorándum menciona el derecho a la legítima defensa colectiva, no aclara si algún gobierno extranjero solicitó a Estados Unidos atacar embarcaciones en altamar.
Colombia y México, por ejemplo, no han pedido intervenciones militares, pese a la violencia que enfrentan internamente.
El papel de la designación como organizaciones terroristas
La administración Trump designó hace meses a varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, algo sin precedentes. El memorándum sostiene que esta etiqueta fortalece la base legal para los ataques.
No obstante, especialistas señalan que esta categoría se aplica históricamente a grupos con motivaciones ideológicas o religiosas, como Al Qaeda, no a organizaciones criminales centradas en el negocio del narcotráfico.
¿Hay riesgo de una escalada militar?
Según fuentes del Pentágono y de la Casa Blanca, crecen los indicios de que Estados Unidos podría ampliar la operación a ataques terrestres, especialmente en Venezuela.
Algunos funcionarios de la administración han promovido la idea de derrocar a Nicolás Maduro, a quien han descrito como líder de un “cártel narcoterrorista”.
Movimientos militares inusuales
El Pentágono ha desplazado a la región grandes cantidades de poder naval, más apropiadas para asaltos terrestres que para atacar pequeñas embarcaciones.
Trump incluso insinuó públicamente la posibilidad de extender la operación más allá del mar.
De ocurrir, sería necesario un nuevo memorándum de la OLC, pues el actual no contempla acciones en Venezuela ni operaciones terrestres.
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