Reino Unido deja de compartir inteligencia con EE.UU. por desacuerdo en ataques a embarcaciones

En una decisión que marca un punto de inflexión en las relaciones entre dos aliados históricos, el Reino Unido ha suspendido el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe. La medida, vigente desde hace más de un mes, responde a la negativa británica de ser cómplice de los ataques militares estadounidenses, que Londres considera violan el derecho internacional, informa CNN.

Esta pausa representa una ruptura significativa en una de las asociaciones de inteligencia más estrechas del mundo y subraya el escepticismo creciente dentro de la comunidad internacional sobre la legalidad de la campaña militar que la administración del presidente Donald Trump inició en septiembre.

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El fin de una colaboración estratégica

Durante años, la dinámica de colaboración entre ambos países fue clara y basada en métodos de aplicación de la ley. El Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia, ayudaba a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas. La información se canalizaba a través del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, con sede en Florida, y el resultado era la interceptación de los barcos por parte de la Guardia Costera de EE.UU., que procedía a su abordaje, el arresto de la tripulación y la incautación de la carga .

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Este proceso garantizaba que los presuntos narcotraficantes fueran tratados como delincuentes con derecho a un debido proceso, un marco en el que el Reino Unido colaboraba de manera activa . Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando Estados Unidos comenzó a implementar una estrategia de ataques letales contra las embarcaciones, sin previo aviso o intento de interceptación .

El conflicto legal: ejecuciones extrajudiciales vs. conflicto armado

El núcleo del conflicto reside en la profunda divergencia sobre la legalidad de los ataques. Funcionarios británicos coinciden con la evaluación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien afirmó el mes pasado que estos ataques constituyen “ejecuciones extrajudiciales” .

La administración Trump, en cambio, ha argumentado que las Fuerzas Armadas de EE.UU. pueden matar legalmente a presuntos traficantes porque representan una “amenaza inminente” para los estadounidenses y son “combatientes enemigos” en un “conflicto armado” con el país. Esta postura se basa en la designación de varios cárteles de la droga como “grupos terroristas extranjeros” .

Expertos legales internacionales y hasta altos mandos dentro del propio establishment de defensa estadounidense han cuestionado esta interpretación. El almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de EE.UU., ofreció su renuncia el mes pasado tras cuestionar la legalidad de los ataques durante una tensa reunión con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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Repercusiones y un frente común creciente

La decisión del Reino Unido no es un hecho aislado, sino que refleja un malestar generalizado. Canadá, otro aliado clave que durante casi dos décadas ha ayudado en las operaciones de interdicción en el Caribe, también se ha distanciado públicamente de los ataques militares. Las autoridades canadienses han dejado claro a Washington que no desean que su inteligencia sea utilizada para seleccionar blancos para ataques letales, aunque planean continuar su colaboración con la Guardia Costera para las interceptaciones tradicionales .

Adicionalmente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el mismo 11 de noviembre la suspensión del intercambio de inteligencia con las agencias de seguridad de EE.UU. “La lucha contra las drogas debe estar subordinada a los derechos humanos del pueblo caribeño”, declaró Petro en la red social X, ordenando mantener la medida mientras continúen los ataques.

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La medida británica, investigada en primera instancia por CNN y sobre la que el gobierno de Su Majestad se ha negado a comentar —manteniendo su política de no hablar sobre asuntos de inteligencia—, deja al descubierto una de las fisuras más notorias en la alianza occidental en años recientes . Muestra cómo una postura unilateral sobre el uso de la fuerza letal puede erosionar la cooperación internacional, incluso entre los socios más cercanos.