Juez federal analiza si cargos de tráfico de personas contra Kilmar Ábrego García fueron represalia tras ganar su demanda contra la administración Trump

Un juez federal de distrito concluyó que el enjuiciamiento del Departamento de Justicia contra Kilmar Ábrego García podría ser una represalia ilegal. Ábrego García, un trabajador salvadoreño de la construcción que reside en Maryland, había ganado previamente un juicio contra la administración Trump por su deportación a El Salvador, lo que lo convirtió en un símbolo de la tensión política sobre las políticas migratorias del expresidente y sus deportaciones masivas.

El juez Waverly Crenshaw ordenó el viernes pasado la realización de una audiencia probatoria y el descubrimiento de evidencia para determinar si los cargos federales por tráfico de personas presentados en Tennessee en su contra fueron motivados por represalia.

¿Qué dijo el juez sobre el caso de Ábrego García?

En su fallo de 16 páginas, Crenshaw indicó que existen pruebas suficientes para considerar que el enjuiciamiento podría ser indicativo de represalia. Entre estas pruebas, destacó declaraciones públicas de funcionarios de la administración Trump y la cronología de los cargos presentados tras la victoria de Ábrego García en su demanda de deportación.

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El juez señaló que algunas de estas declaraciones “generan preocupación”, pero hizo especial énfasis en la realizada por Todd Blanche, subsecretario de Justicia, quien en un programa de Fox News sugirió que los cargos podrían estar vinculados directamente al éxito legal de Ábrego García en su caso de deportación.

Implicaciones de las declaraciones del subsecretario de justicia

Crenshaw destacó que las palabras de Blanche podrían demostrar que la motivación para presentar cargos criminales contra Ábrego García no fue perseguir un delito real, sino castigarlo por ejercer sus derechos constitucionales y legales. Esto, según el juez, plantea dudas sobre la legalidad del enjuiciamiento y la posible violación de protecciones fundamentales contra represalias del gobierno federal.

Estas observaciones subrayan la preocupación sobre el uso del poder judicial y de agencias federales con fines políticos, en un contexto donde los casos de inmigración y deportación son altamente sensibles y pueden tener impactos directos en comunidades enteras.

¿Qué sigue para el caso de Kilmar Ábrego García?

El juez Crenshaw ordenó una audiencia probatoria y la recopilación de evidencia que permita a los abogados de Ábrego García demostrar que los cargos federales en su contra podrían ser ilegales. La decisión representa un paso importante para analizar si la acción del Departamento de Justicia puede considerarse represalia por el ejercicio de derechos legales y constitucionales.

Hasta el momento, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no han emitido comentarios sobre el fallo. El caso continúa bajo supervisión judicial, y su desarrollo podría establecer precedentes sobre la protección de inmigrantes frente a posibles represalias gubernamentales.

El caso de Kilmar Ábrego García refleja la tensión entre políticas migratorias estrictas y derechos legales fundamentales. Para inmigrantes y residentes en Estados Unidos, la decisión del juez podría definir límites claros sobre la persecución legal como represalia, y reafirmar la importancia de ejercer derechos legales sin temor a represalias del gobierno federal.

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