Detienen por segunda vez al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por declarar ley marcial
Enfrenta cargos de insurrección, abuso de poder y falsificación, con penas que podrían incluir cadena perpetua o muerte.
El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue arrestado nuevamente tras una orden emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que ordenó su reclusión en el Centro de Detención de Seúl en Uiwang, al sur de la capital.
La decisión judicial se basó en el riesgo de que el exmandatario pudiera destruir pruebas relacionadas con la investigación penal que enfrenta. Según informó la agencia estatal Yonhap, se trata de la segunda detención del expresidente en lo que va del año; la primera ocurrió en enero y fue liberado en marzo luego de que el mismo tribunal aceptara su solicitud de anulación de detención.
La detención está relacionada con su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, durante una crisis política que sacudió al país. Esta medida fue posteriormente revocada por el Parlamento surcoreano, al considerar que no existían fundamentos suficientes para justificar la acción.
Las autoridades judiciales han confirmado que este jueves se celebrará una audiencia sobre el caso, aunque Yoon no asistirá a la sesión por recomendación de su defensa legal. Sí estarán presentes sus abogados, así como dos exmilitares citados a declarar sobre los detalles del plan para ejecutar dicha medida excepcional.
La acusación contra Yoon es encabezada por un consejo especial de investigación, liderado por el fiscal Cho Eun Suk, quien ha imputado al expresidente por abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de tareas gubernamentales.
No obstante, el cargo más grave que enfrenta es el de insurrección, delito que, conforme a las leyes surcoreanas, puede ser penado con cadena perpetua o incluso con la pena de muerte si se demuestra que atentó deliberadamente contra el orden constitucional.
Entre las pruebas presentadas, se señala que Yoon ordenó el borrado de teléfonos secretos utilizados por varios funcionarios durante la crisis, entre ellos el excomandante Kwak Jong Geun y el exjefe de defensa militar de Seúl, Lee Jin Woo, quien fue destituido tras el escándalo.
Además, se le acusa de haber promovido la redacción de una falsa declaración oficial para otorgar legitimidad a la imposición de la ley marcial, lo cual ha sido calificado por la fiscalía como un acto de falsificación con fines políticos.
El exmandatario también ha sido señalado por realizar múltiples maniobras para evadir su primera detención, lo cual generó el argumento del tribunal sobre el riesgo de fuga y la posible alteración de evidencia en el proceso.
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