Texas sería el epicentro del huachicol mexicano, con documentos “en regla”, permisos falsos, licencias y sellos aduanales que sirven de herramientas para operar con impunidad

MÉXICO.— De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, Texas no es solamente un estado productor de petróleo, sino también un centro neurálgico para legalizar crudo robado en México, conocido como huachicol.

Autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) confirmaron al medio mexicano que se trata de una estructura transnacional con “complicidades institucionales, permisos falsificados, omisiones selectivas y flujos financieros que atraviesan las fronteras al amparo de documentos en regla”.

El modus operandi detectado consiste en disfrazar el petróleo robado como residuos industriales, lo cual permite su paso sin revisión a través de las aduanas. Una vez en territorio texano, el crudo es reintroducido al mercado como si se tratara de petróleo legal, extraído en Texas.

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¿Cómo operaba el caso expuesto de Arroyo Terminals?

Uno de los ejemplos más visibles de esta red fue la empresa texana Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen, exhibida por las autoridades estadounidenses en abril de 2024. Según el DoJ, el caso “nos dio mucha información muy valiosa”, ya que reveló cómo desde al menos 2019 empresas han operado con permisos irregulares y sin supervisión ambiental, fiscal ni aduanal.

Este no es un caso aislado. De acuerdo con la investigación, otras compañías con operaciones similares continúan funcionando gracias a la inacción de varias instituciones tanto en México como en Estados Unidos.

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¿Qué papel juega el gobierno de Texas?

A pesar de los hallazgos, el gobernador Greg Abbott no ha reconocido públicamente que su estado esté implicado en la legalización de huachicol. En contraste, sí ha mantenido una postura firme contra migrantes y drogas como el fentanilo. Sin embargo, ha omitido mencionar el contrabando de crudo, incluso cuando se le ha cuestionado directamente.

Ante la solicitud de información por parte de El Universal, la oficina del gobernador respondió:

Ha tomado medidas sin precedente para proteger a los texanos de los cárteles”, sin detallar ninguna acción específica sobre el tráfico de hidrocarburos.

¿Qué fallas institucionales permiten esta operación?

Las irregularidades institucionales comienzan en los cruces fronterizos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) acepta documentos que clasifican el crudo robado como lubricantes usados o aceite de desecho, sin realizar verificaciones físicas. El excomisionado de CBP, Kevin McAleenan, reconoció en 2023 que “nuestra infraestructura de inspección no está diseñada para verificar hidrocarburos”.

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• La EPA (Environmental Protection Agency) omitió inspeccionar más del 70% de las instalaciones sospechosas entre 2021 y 2023, según un reporte citado por Houston Chronicle.
• La EIA (Energy Information Administration) no registró aumentos en las importaciones que coincidan con los volúmenes reales ingresados.
• FinCEN, oficina encargada de detectar lavado de dinero, identificó 47 millones de dólares en transferencias sin rastrear su origen comercial.
• El IRS, pese a destapar el caso de Arroyo Terminals, no auditó las deducciones fiscales de empresas con operaciones sospechosas.
• La Railroad Commission de Texas, reguladora del petróleo, no ha transparentado los permisos de empresas bajo sospecha.

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¿Quiénes lo señalan y qué consecuencias hay?

La fiscal federal Erica Benavides declaró que muchas empresas dedujeron compras de energéticos sin respaldo documental, pero nadie revisó esos documentos. Por su parte, el analista Edgardo Buscaglia advirtió:

Cuando un gobernador concentra su agenda en los migrantes, pero calla sobre las redes de empresarios que hacen negocios con cárteles, estamos frente a una política de seguridad con prioridades fingidas”.

El experto Douglas Farah también criticó que el gobierno estadounidense vea este fenómeno como “una irregularidad comercial”, en lugar de tratarlo como una actividad criminal que fortalece a los cárteles.

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¿Qué concluyen los expertos?

Un informe reciente del Center for International Policy resume que “la red de contrabando de crudo entre México y Texas no es solo tolerada, es viable porque encuentra dentro del aparato estatal puntos ciegos cuidadosamente cultivados”.

Los permisos, las licencias y los sellos aduanales no son barreras, son herramientas para operar con impunidad.

Hasta ahora, no hay funcionarios detenidos ni sancionados por este esquema que, según los expertos, tiene capacidad para mover millones de dólares en crudo sin dejar huellas visibles en el sistema.

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