Avanza con demanda contra Texas por barrera en el río Grande
Tras el desbordamiento de migrantes en la frontera de El Paso, se levantaron nuevas defensas en Eagle Pass, mientras residentes expresan preocupación por la situación
TEXAS, Estados Unidos.- El juez federal David Ezra, de Austin, determinó el viernes que el Gobierno de Biden puede continuar con su demanda contra el estado de Texas por instalar una barrera flotante de 1,000 pies en el río Grande destinada a impedir el cruce ilegal desde México.
El juez de distrito consideró que la demanda del Departamento de Justicia de EU, que alega que la barrera viola una ley medioambiental al obstruir una vía navegable, es lo suficientemente sólida como para proceder con el caso.
El año pasado, Ezra había ordenado a Texas retirar la barrera hasta que se resolviera el caso, ya que probablemente infringía la ley federal, decisión que fue confirmada por un panel de apelaciones.

Mundo
Propietarios en Laredo, donde la mayoría de sus habitantes son hispanos, recibieron cartas del gobierno de Donald Trump para dar sus terrenos para la construcción de un muro fronterizo “inteligente” y los amenazaron con expropiarles sus hogares si se negaban: ¿Es legal que el gobierno les quite sus casas para este proyecto?
Por ahora, el pleno está revisando ahora esa decisión, con alegatos programados para el 15 de mayo.
Batallas legales y controversias
Las oficinas del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y del gobernador Greg Abbott –ambos republicanos críticos de las políticas fronterizas de Biden– no emitieron comentarios respecto a la decisión del juez.
La barrera flotante es parte de una serie de medidas adoptadas por Texas en respuesta al incremento del cruce ilegal de inmigrantes.
Entre las medidas se suman el transporte de inmigrantes a estados demócratas, la instalación de vallas de alambre de espino y la aprobación de leyes para procesar a personas que se encuentren ilegalmente en el estado.
Estas acciones han desencadenado disputas legales con el Gobierno de Biden y grupos de defensa de derechos, quienes argumentan que Texas está interfiriendo en el poder federal para aplicar las leyes de inmigración y negar los derechos de los inmigrantes a solicitar ayuda humanitaria.
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