"Es la mancha de la democracia estadounidense": por qué Washington D.C. no tiene derecho a voto (y cómo lucha por conseguirlo)

Mirando desde la escalinata que da acceso al Lincoln Memorial, con la vista puesta en el impresionante obelisco de Washington D.C., es inevitable pensar en la historia que impregna el lugar, de lucha por la libertad y los derechos civiles.

Allí es donde Martin Luther King se alzó contra la injusticia racial con tres poderosas palabras ("Tengo un sueño") hace casi seis décadas, reclamando cumplir con las "promesas reales" de la democracia.

Hoy, la misma ciudad en la que ofreció su histórico discurso y que sigue siendo un habitual centro de protestas, es considerada por muchos la capital de la democracia por excelencia.

Pero también es la ciudad en la que sus residentes, la mitad de ellos afroestadounidenses, no tienen derecho a voto en el Congreso. Su peso en el Legislativo es comparable al de Puerto Rico, con voz pero sin capacidad de decisión.

"Que no haya impuestos sin representación: eso es por lo que los estadounidenses libramos una guerra contra los británicos. Y eso es exactamente lo que está pasando en Washington hoy", señala el historiador Chris Myers Asch, coautor de Chocolate City: A History of Race and Democracy in the Nation's Capital (Ciudad de chocolate: una historia de raza y democracia en la capital de la nación),un conocido libro sobre la lucha de D.C. por la autodeterminación.

Se trata de un reclamo histórico, que se viene dando desde la década de los 70 del siglo pasado sin éxito pero que ha adquirido una nueva dimensión recientemente.

"A partir en 1970, cada vez más washingtonianos consideraron que la única manera de conseguir plenos derechos como ciudadanos estadounidenses era si Washington se convertía en un estado (el 51 de la Unión)", para así poder tener representación con voto en el Congreso, explica Asch a BBC Mundo.

"El movimiento por la estadidad nunca había tenido tanta energía e impulso como ahora".

La Cámara de Representantes celebró el 22 de marzo una audiencia para escuchar argumentos a favor y en contra de la iniciativa y los demócratas prometieron someter a votación la ley para convertir a la capital en estado antes del verano.

Con el Partido Demócrata controlando ambas cámaras y la Casa Blanca, los defensores de esta iniciativa se ven acariciando la victoria, pero su cálculo político y social puede quedarse corto.

Una capital bajo control exclusivo del gobierno federal

La fundación de Washington D.C. está consagrada en la Constitución, que estableció que el distrito se convertiría "en la sede del gobierno de Estados Unidos" y que no sobrepasaría las 10 millas cuadradas (unos 16 km2).

El fin era crear una capital de la nación que no estuviera bajo control de ningún estado, "debido a la humillación sufrida por el Congreso Continental en 1783", apuntan las autoridades en la página web oficial de análisis e interpretación de la Constitución estadounidense.

Hacen referencia al conocido como motín de Pensilvania o Filadelfia, cuando "unos 80 soldados, sin paga y agotados, marcharon hacia el Congreso con sede en Filadelfia, amenazaron físicamente y abusaron verbalmente de sus miembros, y provocaron que los congresistas tuviera que huir de la ciudad sin que las autoridades municipales o del estado tomaran ninguna acción para protegerles".

Ese estatus particular llevó a que sus habitantes, por ejemplo, no pudieran votar en las elecciones presidenciales hasta 1961 y ni siquiera tuvieran un delegado -sin voto- en el Congreso hasta 1970.

"El Congreso puede hacer lo que quiera en D.C., incluso si sus residentes no están de acuerdo, y eso simplemente no está bien", enfatiza el historiador Chris Myers Asch, de la Universidad de Maryland.

El estado "Washington, Douglass Commonwealth"

Ahora hay una propuesta sobre la mesa que plantea reducir ese espacio en el que los padres fundadores consideraron que el gobierno federal debe tener poder exclusivo: el proyecto de ley H.R. 51, redactado por la única representante del Distrito de Columbia en el Congreso, la afroestadounidense Eleanor Holmes Norton, y que lleva presentando cada año desde 1991.

Lo que propone es lo siguiente: reducir la capital a unos 5 kilómetros cuadrados que incluirían los emblemáticos monumentos del National Mall y edificios federales como la Casa Blanca, el Congreso o el Tribunal Supremo.

El resto se convertiría en el estado 51 de la Unión, bajo el nombre de "Washington, Douglass Commonwealth" —en referencia a uno de los líderes del movimiento abolicionista del s. XIX, Frederick Douglass— evitando así, según sus defensores, una reforma constitucional.

En la audiencia para debatir la propuesta, Norton consideró que este ha sido "un año histórico" para la lucha de D.C. y que nunca se ha estado tan cerca como ahora de conseguir que la capital esté representada por dos senadores y un congresista, todos ellos con derecho a voto.

La alcaldesa de Washington, la afroestadounidense Muriel Bowser (demócrata), dejó además claro que se trata fundamentalmente de justicia racial, considerando que los afroestadounidenses —el 46% de la población— están siendo tratados como "ciudadanos de segunda clase".

Rechazo republicano

Sin embargo, en esa misma audiencia se hizo evidente el fuerte rechazo de la bancada republicana, que tilda la ley de un intento de los demócratas de consolidar poder con "dos senadores liberales más", siendo D.C. uno de sus bastiones.

De hecho, la ley no aborda importantes puntos por resolver: por ejemplo, qué pasaría con los 3 votos del colegio electoral —clave en las elecciones presidenciales— que recibe D.C., destacaba en un análisis The Washington Post.

Esa es una de las cuestiones que los constitucionalistas más estrictos plantean. Estos además consideran que la propuesta "choca" con la intención de los fundadores de la nación, argumentando que nunca hubieran querido una jurisdicción federal pequeña rodeada de un único estado, recoge el Post.

Los republicanos coinciden en que el único camino para convertir la capital en un estado es a través de una enmienda constitucional.

Algunos incluso llegaron a considerar que el distrito es demasiado "corrupto" y demasiado dependiente financieramente del gobierno federal, pese a que los residentes de D.C. están entre los que más impuestos federales per cápita pagan.

"Sin duda las autoridades de Ohio han estado sujetas a múltiples escándalos políticos durante muchos años. Pero nadie está sugiriendo que Ohio tendría que perder su estatus", replicó la demócrata Norton el año pasado, cuando la cámara baja celebró la primera audiencia sobre la cuestión en una generación y aprobó el proyecto de ley en un histórico voto.

La iniciativa, no obstante, murió en el Senado, entonces controlado por los republicanos y hoy partido en dos, con el voto de desempate en manos de la vicepresidenta Kamala Harris.

Ahora, se espera que vuelva a tener éxito en la Cámara de Representantes pero se tope con el muro del "filibusterismo" en la cámara alta, una polémica táctica que hará necesaria su aprobación por 60 votos de 100 senadores.

"En peligro"

Organizaciones como 51 for 51 abogan por que la ley se apruebe con 51 votos, como ocurre con la confirmación de los magistrados del Supremo.

Y han llevado su campaña a todas partes del país, en un movimiento al que se atribuye en parte el mayor apoyo popular que parece estar recibiendo la estadidad de Washington.

Si en 2019 una encuesta de Gallup mostraba que el 64% de los estadounidenses se oponía a convertir a Washington en estado, un reciente sondeo de Data For Progress y YouGov Blue refleja que en el último año el apoyo creció en 8 puntos, con el 43% de votantes a favor.

"Me sumé a 51 for 51 en 2019 como organizadora junto a amigos y otros washingtonianos. En ese momento viajábamos por todas partes del país siguiendo la campaña presidencial demócrata para asegurarnos de que D.C. fuera parte de la conversación", explica Demi Stratmon por teléfono a BBC Mundo.

Varias personas con las que se encontraron en su ruta por Carolina del Sur o Iowa reconocieron no tener "ni idea" de su situación y se mostraron dispuestos a escucharles.

"Esta batalla la llevamos librando desde siempre, pero creo que ahora vemos un movimiento mayor porque la gente de todos los puntos del país se está dando cuenta de que no solo concierne a D.C. Es una cuestión de derechos civiles y de voto, de interés nacional", subraya Stratmon.

Las protestas contra el racismo y la violencia policial que se vieron por todo EE.UU. tras la muerte de George Floyd en 2020 jugaron "un papel crucial" en todo ello, considera la activista.

Pero también otras polémicas circunstancias: como que el expresidente Donald Trump ordenase el despliegue de la Guardia Nacional durante las manifestaciones pacíficas por los derechos de los afroestadounidenses o la imposibilidad de la alcaldesa de ordenar una respuesta rápida ante el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

Por todo ello, para el grupo 51 for 51, la falta de estadidad no solo es una "mancha en la democracia estadounidense". Es también un peligro constante: "Están poniendo a ciudadanos en riesgo cada día".

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